Cerca de 1,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos serán deportados sin apelación, en lo que se considera el inicio del plan masivo que ejecutará Donald Trump una vez que asuma la presidencia, el 20 de enero de 2025.
Si embargo, muchos de estos ciudadanos sometidos o en riesgo del proceso, en su mayoría provenientes de países de la región, cuentan con opciones legales para evitar o retrasar la expatriación. Esto, en caso de que estén en situación incierta de compleja circunstancia humanitaria, ante la negativa de sus países a recibirlos, advierte la abogada María Herrera Mellado, especialista en inmigración.
El programa de deportaciones de ciudadanos con permanencia irregular en los Estados Unidos busca contrarrestar la grave crisis migratoria que propició la administración del saliente presidente Joe Biden, la cual permitió el ingreso de casi 10,825,387 inmigrantes, por una laxa política de seguridad fronteriza. La cifra corresponde hasta octubre, según datos reportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
De acuerdo con reportes oficiales, México, Honduras, Guatemala y El Salvador registran el mayor número de migrantes que viven “ilegalmente” en Estados Unidos. Estos podrían ser los primeros afectados por las deportaciones, según un exalto funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Inmigrantes en incertidumbre
Al conocerse en noviembre las órdenes de deportación de la Corte de Inmigración y el anuncio del plan masivo por parte de Trump, países de la región, como Honduras y Venezuela, alegaron inconvenientes para recibir a sus nacionales.
“No hay capacidad” para recibir a tanta gente, afirmó Antonio García, viceministro de Asuntos Exteriores de Honduras.
Trump advirtió entonces, en fecha reciente, que tomará acciones de naturaleza económica contra aquellos países que no reciban a inmigrantes deportados. Pero los inmigrantes también tienen opciones legales en Estados Unidos para evitar o retrasar una deportación en ciertos casos, especialmente si su país de origen no colabora o se niega a recibirlos”, afirmó Mellado.
¿Cuáles son las cinco opciones?
- Suspensión de deportación por falta de cooperación del país de origen: “Si un país se niega a emitir los documentos necesarios para aceptar a sus ciudadanos deportados, el gobierno estadounidense no puede completar la deportación. Esto puede llevar a que los inmigrantes permanezcan en Estados Unidos bajo supervisión o incluso puedan solicitar permisos de trabajo temporales”.
- Solicitar asilo o protección bajo la Convención contra la Tortura: “Los inmigrantes pueden argumentar que enfrentarían persecución, tortura o amenazas graves en su país de origen, lo cual puede otorgarles el derecho a permanecer en Estados Unidos bajo protección humanitaria”.
- Acceso a medidas de alivio inmigratorio: “Algunos inmigrantes pueden calificar para beneficios migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS), visas humanitarias, peticiones familiares o programas especiales, dependiendo de su situación personal y el país de origen”.
- Argumentar detención prolongada e inconstitucional: “No se puede mantener detenida indefinidamente a una persona si no hay una probabilidad razonable de deportarla en un plazo de 90 a 180 días, según decisión del caso Zadvydas v. Davis (2001)”.
- Negociaciones diplomáticas y presión política: “En casos en los que los países de origen no acepten deportados, la situación puede derivar en negociaciones entre gobiernos. Durante este tiempo, los inmigrantes pueden permanecer en Estados Unidos”.
Mellado destacó la importancia de que los inmigrantes consulten con un abogado especializado en inmigración. “Deben evaluar su caso y determinar qué recursos legales están disponibles para ellos”.
Caso Venezuela
En el caso de deportados venezolanos, muchos de los cuales son objeto de persecución política, Mellado precisó que estos enfrentan “desafíos particulares”, debido a las resquebrajadas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.
La situación humanitaria la hace aún más compleja. “Muchos inmigrantes venezolanos argumentan que regresar a su país representa un riesgo significativo debido a la crisis política, económica y social que afecta a Venezuela. Esto puede ser utilizado en solicitudes de protección, como asilo o estatus humanitario, aunque cada caso se evalúa de manera individual”.
Recordó que luego de que en octubre de 2023, Estados Unidos y Venezuela lograron un entendimiento para reanudar los vuelos de deportación de venezolanos, tras varios años de dificultades, se han dado avances en los acuerdos de repatriación, pero las complejidades legales y humanitarias” hacen que “no todas las deportaciones sean inmediatas o automáticas”.
No obstante, advirtió que hay recursos legales que los venezolanos pueden explorar, como solicitudes de asilo, protección bajo la Convención contra la Tortura, o la búsqueda de TPS, si califican.
Deportación, impacto más grave
Pero para Mellado las deportaciones pueden tener un impacto particularmente grave si los migrantes pertenecen a países con severas crisis políticas o económicas.
Para los migrantes, los primeros riesgos son para su seguridad y bienestar, si son por ser críticos a los regímenes son víctimas de persecución, violencia o represalias, pero también impacto psicológico y emocional.
En esos casos, los inmigrantes tienen acceso a protecciones legales en Estados Unidos. “Pueden solicitar asilo si demuestran que enfrentarían persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o sus opiniones políticas”.