La actriz mexicana Kate del Castillo sigue en su lucha por obtener reparación integral del daño por parte del Estado mexicano. Tras siete años de procesos legales, la artista exige justicia por lo que ella considera una persecución política durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El caso se remonta al año 2015 cuando Del Castillo se vio involucrada en la polémica captura del capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán. Tras un intercambio de mensajes con el narcotraficante, la actriz fue investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por presunta participación en delitos de crimen organizado y lavado de dinero.
A pesar de que nunca se presentaron cargos formales en su contra, Del Castillo asegura que la investigación en su contra le provocó daños considerables, incluyendo exilio forzado durante tres años, daños a su imagen pública y perjuicios económicos.
En 2021, la actriz presentó una demanda contra el gobierno mexicano exigiendo una indemnización de 60 millones de dólares por daño moral y patrimonial. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a aceptar su responsabilidad en el caso.
¿Persecución política o daño colateral?
Las acusaciones de Del Castillo han generado un amplio debate en México. Algunos sectores la apoyan y consideran que fue víctima de una persecución política por parte de un gobierno represor. Otros, en cambio, argumentan que su situación fue una consecuencia colateral de la lucha contra el narcotráfico y que no amerita una reparación del Estado.
La lucha por la justicia continúa
A pesar de las dificultades, Del Castillo no ha desistido en su búsqueda de justicia. Recientemente, un tribunal federal otorgó un plazo de 90 días a la FGR para que entregue información sobre el caso. La actriz y su equipo legal esperan que esto finalmente impulse el avance de su demanda y se repare el daño causado.
Un llamado a la reflexión
El caso de Kate del Castillo pone de relieve la importancia de garantizar un Estado de Derecho justo y transparente en México. Es fundamental que las autoridades investiguen y juzguen con imparcialidad, sin importar la posición social o la fama de las personas involucradas.
Asimismo, este caso también invita a reflexionar sobre los alcances de la lucha contra el crimen organizado y las posibles consecuencias que esta puede tener sobre los derechos individuales. Es necesario encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a las garantías fundamentales, para evitar que la búsqueda de justicia se convierta en una persecución arbitraria.
La comunidad internacional observa
La comunidad internacional también está atenta al desarrollo de este caso. Organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por la situación de Del Castillo y han hecho un llamado al gobierno mexicano para que se le garantice un juicio justo y una reparación del daño.
Un mensaje claro para el gobierno mexicano
La exigencia de Kate del Castillo no es solo un caso personal, sino que representa una lucha por la justicia y la verdad. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de atender sus demandas y garantizar que este tipo de situaciones no se repitan.
Es momento de actuar con determinación y demostrar un verdadero compromiso con el Estado de Derecho. La justicia no puede quedar en manos de la impunidad.