El expresidente de Honduras había sido acusado de conspirar para llevar cocaína a Estados Unidos y de colaborar con narcotraficantes como el Chapo.
Juan Orlando Hernández ejerció el poder en Honduras durante más de una década, primero como integrante del Congreso Nacional, luego como líder de ese organismo y finalmente como el presidente del país.
El viernes, un jurado estadounidense de un Tribunal Federal del Distrito encontró a Hernández culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de posesión y conspiración para poseer “dispositivos destructivos”, entre ellos ametralladoras.
Tras el veredicto, Hernández, quien se enfrenta a una pena de prisión obligatoria de al menos 40 años, y cuya sentencia está prevista para el 26 de junio, se puso de pie y permaneció en silencio con las manos cruzadas mientras los miembros del jurado desalojaron el juzgado.
Durante su primera campaña presidencial en 2013, Hernández, militante del derechista Partido Nacional de Honduras, se presentaba como un candidato favorable a la aplicación de la ley y el orden que sería capaz de detener la epidemia de drogas y delincuencia que había azotado al país.
Pero según los fiscales en Estados Unidos, Hernández estaba aliado con las mismas fuerzas a las que pretendía combatir. Durante un juicio por conspiración en Manhattan, una serie de testigos declararon que el éxito político de Hernández estuvo impulsado por las ganancias del narcotráfico que le entregaban los traficantes de cocaína, a quienes trataba como socios comerciales.
Los fiscales afirmaron que Hernández recibió millones de dólares de organizaciones de traficantes en Honduras, México y otros lugares, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, un capo mexicano de la droga y antiguo líder del Cártel de Sinaloa. A cambio, agregaron los fiscales, Hernández permitía que grandes cantidades de cocaína pasaran por Honduras de camino a Estados Unidos.
Se jactaba de “meter la droga por las narices de los gringos”, según los fiscales de EE. UU.
Las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio de Hernández retrataron un panorama desolador de un país en el que las drogas y la política han estado entrelazadas durante mucho tiempo y en el que la gente que trabaja en la política han exigido y aceptado sobornos de forma rutinaria.
Diariamente, las filas de asientos del tribunal se abarrotaban de hondureños que decían acudir a ver cómo Hernández se enfrentaba a un proceso judicial del tipo que algunos dudaban que pudiera haber sucedido en su país de origen.
Algunos de esos espectadores se rieron burlonamente cuando Hernández, vestido con un traje oscuro, dio su testimonio cerca del final del juicio, insistiendo que no tenía ninguna relación con el narcotráfico y que los testigos que habían declarado lo contrario eran “mentirosos profesionales”.
Un abogado defensor amplió esa idea durante su alegato, repasando una lista de delitos —incluidos un total de 224 asesinatos— que han sido asociados a varios de los antiguos traficantes que subieron al estrado como testigos del gobierno.
“Este fue un elenco de personajes que nunca antes se había visto y los cuales nunca se volverán a ver mientras se viva”, dijo el abogado, Renato Stabile. “A lo largo del juicio estas personas les han dicho que son mentirosos. Les han dicho que son asesinos”.
Pero un fiscal, Jacob H. Gutwillig, le dijo a los miembros del jurado que Hernández había aceptado “sobornos pagados con cocaína” de los cárteles y que había “protegido sus drogas con todo el poder y la fuerza del Estado: ejército, policía y sistema judicial”.
Aunque los exmandatarios extranjeros a veces son juzgados en Estados Unidos, no suelen serlo por delitos relacionados con las drogas. El paralelo más cercano a Hernández es el general Manuel Antonio Noriega, antiguo dirigente de Panamá, quien en 1992 fue declarado culpable ante un tribunal federal de Miami de permitirle al Cartel de Medellín que enviara cocaína a Estados Unidos a través de su país a cambio de millones de dólares en sobornos.
Cuando Hernández dejó la presidencia en 2022, era una figura profundamente impopular en Honduras. Su gobierno había hecho poco por mitigar los efectos de la delincuencia o por crear una economía estable, lo que llevó a muchos ciudadanos a abandonar el país. La sucesora de Hernández en la presidencia, Xiomara Castro, lo acusó de haber convertido a la nación en una “narcodictadura”, y miles de hondureños celebraron su extradición a Nueva York tres meses después de dejar el cargo.
También hubo celebraciones en el exterior del tribunal, en el sur de Manhattan, tras conocerse el veredicto de culpabilidad. Decenas de personas ondeaban banderas hondureñas y coreaban en español. Una mujer sostenía un cartel en el que advertía que no tendría que haber perdón para la narcopolítica.
Expusieron fotografías de personas que decían que habían sido víctimas de la violencia de los cárteles, junto con un uniforme de presidiario naranja con esposas unidas por una larga cadena.
De pie en medio de la multitud, Carlos Hernández, de 32 años, dijo que había abandonado Honduras cuando aún era un adolescente para huir de la violencia y la pobreza del país.
“Esto es histórico”, dijo sobre el veredicto, y añadió que el juicio le había dado a Honduras un sentido de justicia.
El juicio de Hernández fue relativamente sencillo, basado principalmente en el recuento de testigos, entre ellos un investigador de drogas hondureño y los antiguos traficantes, incluidos dos hombres que dijeron haberse declarado culpables de delitos graves y que se enfrentan a posibles cadenas perpetuas en prisiones estadounidenses.
El investigador, Miguel Reynoso, declaró que estaba presente cuando las autoridades hondureñas detuvieron a un grupo de vehículos con compartimentos ocultos y en el que encontraron armas de fuego, granadas y casi 200.000 dólares envueltos en plástico. Las autoridades también encontraron cuadernos con las iniciales de Juan Orlando Hernández que, según los fiscales de Manhattan, detallaban transacciones de drogas.
Reynoso atestiguó que los cuadernos fueron colocados en bolsas de plástico selladas y que las llevó, con los sellos intactos, a los fiscales de Estados Unidos en 2019.
Entre los extraficantes que subieron al estrado se encontraba Amilcar Alexander Ardón Soriano, quien declaró que había sido alcalde del municipio de El Paraíso mientras traficaba drogas, que había participado en torturas y asesinado a dos personas, y que era responsable de la muerte de más de 50 individuos. Dijo que había pedido a los legisladores a los que había sobornado previamente que votaran a favor de Hernández como presidente del Congreso hondureño. A cambio, dijo Ardon, Hernández prometió protegerlo de los fiscales.
Ardón añadió que entregó 500.000 dólares procedentes del narcotráfico a la campaña presidencial de Hernández en 2013 y que había sobornado a personas en El Paraíso para que votaran por él. También dijo que tenía entendido que el Chapo había acordado proporcionar a esa campaña un millón de dólares.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, antiguo líder de la brutal banda hondureña Los Cachiros, fue probablemente el testigo con peor reputación en subir al estrado. Empezó a trabajar en secreto con las autoridades estadounidenses hace una década y admitió estar implicado en la muerte de 78 personas, entre ellas dos periodistas y un funcionario que trabajaba como zar antidroga en Honduras.
En 2012, testificó Rivera, sobornó a Hernández con 250.000 dólares entregados a su hermana, Hilda, a cambio de protección para los Cachiros.
Cuando un abogado defensor le preguntó si sentía algún remordimiento por las personas a las que le había hecho daño, Rivera respondió que se arrepentía de todo lo que había hecho como miembro de lo que denominó como una banda peligrosa, incluyendo los pagos de sobornos a policías y políticos “corruptos”.
Afirmó que aunque las autoridades hondureñas debían haber intentado capturarlos, más bien, se aliaron con ellos.