En una sofocante tarde de julio, el estruendo de miles de computadoras que minaban bitcoines atravesaba la noche. Cerca de allí, Matt Brown, representante de la legislatura de Arkansas, monitoreaba el ruido junto a un magistrado local.
Brown dijo que, mientras investigaban algunas quejas sobre la operación, un guardia de seguridad de la mina cargó balas en un rifle de asalto estilo AR-15 que tenía guardado en un auto.
“Quería asegurarse de que supiéramos que tenía esa arma, de que supiéramos que estaba cargada”, dijo Brown, representante republicano, en una entrevista.
El centro de bitcoines, loacalizado a 45 minutos al norte de Little Rock, es uno de los tres centros de Arkansas que pertenecen a una red de empresas envueltas en tensas disputas con los residentes, quienes afirman que el ruido generado por las computadoras que realizan billones de cálculos por segundo arruina vidas, reduce el valor de las propiedades y ahuyenta a la fauna silvestre.
En los últimos años han surgido decenas de operaciones de este tipo por todo Estados Unidos. Cuando una computadora de minería da con números que el algoritmo de bitcóin acepta, el pago asciende actualmente a unos 250.000 dólares. Cuantas más computadoras tenga una operación, más posibilidades tendrá de obtener el pago.
A menudo se critica a esta industria por su enorme consumo de energía —que suele beneficiar al sector de los combustibles fósiles— y el ruido es una queja habitual. Aunque algunos servidores públicos electos como Brown y otros operadores de bitcóin en Arkansas han expresado su apoyo a los atribulados residentes, una nueva ley estatal les da a las empresas una importante ventaja.
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Las instalaciones ubicadas al norte de Little Rock son uno de los tres centros que una red de empresas envueltas en tensas disputas con los residentes posee en el estado. Credit...Rory Doyle para The New York Times
La Ley de Centros de Datos de Arkansas, conocida popularmente como la Ley del Derecho a Minar, ofrece a los mineros de bitcoines protección legal frente a las comunidades que no quieren que operen cerca. Aprobada apenas ocho días después de su presentación, la ley fue redactada en parte por el Satoshi Action Fund, un grupo de interés sin fines de lucro con sede en Misisipi cuya cofundadora trabajó en el gobierno de Donald Trump revirtiendo las políticas climáticas de la era de Barack Obama.
“El estado de Arkansas logró una sorprendente victoria y se convirtió en el primero del país en aprobar el proyecto de ley de ‘derecho a minar’ #Bitcoin tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado”, publicó en las redes sociales Dennis Porter, director ejecutivo del fondo, cuando se aprobó la ley el pasado mes de abril.
En mayo del año pasado se aprobó un proyecto de ley similar en Montana, y el grupo declaró que espera lograr que su exitosa fórmula se convierta en ley en decenas de estados más. El mes pasado, se presentaron proyectos de ley escritos en colaboración con el grupo en varios estados, entre los cuales figuran Indiana, Missouri, Nebraska y Virginia.
El grupo, que se fundó hace cinco años como el Energy 45 Fund, buscaba promocionar la agenda energética y medioambiental de Trump y “defender al mejor presidente de la historia moderna”. Su fundadora, Mandy Gunasekara, había pasado los dos años previos en la Agencia de Protección Ambiental, donde desempeñó un papel clave en la decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París y ayudó a derogar el Plan de Energía Limpia, que tenía como objetivo reducir las emisiones de las centrales eléctricas de carbón.
Este grupo es muy querido por la comunidad del bitcóin, tanto por su labor legislativa como por su postura combativa frente a los críticos del sector. Pero el enfoque agresivo del fondo ha irritado a otros miembros de la comunidad del bitcóin, que dicen que prefieren trabajar para lograr un consenso en torno a las operaciones con criptomonedas.
Arry Yu, directora ejecutiva de la U.S. Blockchain Coalition, un grupo del sector, dijo que se habían “aprovechado” de los residentes de Arkansas.
“Tenemos que adoptar un enfoque humilde, trabajar con las comunidades, no apropiarnos de sus trayectorias y sus vidas”, dijo Yu. “Y si se mueven de forma lenta, demasiado lento para ti, pues qué lástima”.
Los conflictos en Arkansas reflejan los desacuerdos en todo Estados Unidos, donde la minería de bitcóin ha crecido a pasos agigantados. Los activistas medioambientales, preocupados por el consumo de electricidad de la industria y la contaminación resultante, piden que se regule a nivel federal, mientras que los defensores de las operaciones afirman que, muchas veces, las minas ayudan a estabilizar redes eléctricas vulnerables y proporcionan puestos de trabajo en zonas rurales.
La preocupación por las minas de Arkansas ha pasado de las quejas iniciales sobre el ruido hasta sus conexiones con ciudadanos chinos. Según informó The New York Times en octubre, estas operaciones están relacionadas con una mayor afluencia de propietarios chinos en Estados Unidos, algunos de los cuales han atraído el escrutinio de la seguridad nacional.
Una red de empresas fantasma conecta a los operadores de Arkansas con una empresa multimillonaria cuyo propietario en parte es el gobierno chino, según los registros públicos obtenidos por residentes que se oponen a las operaciones. En noviembre, la oficina del fiscal general de Arkansas abrió una investigación contra estos operadores por la posible violación de una ley estatal que prohíbe que las empresas controladas por ciudadanos chinos posean tierras.
Un abogado que representa a las operaciones dijo que un contratista de seguridad independiente fue el responsable del incidente cerca de Greenbrier y que la empresa nunca autorizó a ningún guardia a “sacar un arma de fuego”. También afirmó que la investigación del fiscal general se basaba en un “malentendido” y que tienen la autorización legal para realizar su actividad empresarial.
A pesar de los esfuerzos para generar apoyo bipartidista, el fondo Satoshi ha tenido éxito sobre todo en los estados republicanos. Pero en Arkansas, donde la mayoría de los congresistas son republicanos, son los conservadores quienes han liderado los llamados para derogar la ley, incluido el senador Bryan King, un avicultor cuyo distrito incluye una propiedad adquirida por una de las empresas vinculadas al gobierno chino. Dijo que no era justo que los operadores de bitcóin recibieran protecciones especiales en virtud de la ley, que los protege de “regulaciones e impuestos discriminatorios específicos de la industria”, como las ordenanzas sobre ruido y las restricciones de zonificación.
“Pertenecen a una clase protegida, más que cualquier otra industria”, afirmó King.
A medida que fracasan las restricciones propuestas en el Congreso, los estados y las ciudades intervienen para llenar el vacío. Pero, como ha demostrado Arkansas, los resultados insatisfactorios pueden hacer que los residentes se sientan traicionados.
Gladys Anderson y unas dos decenas de vecinos presentaron una demanda contra los propietarios de una mina de bitcóin cerca de Greenbrier, Arkansas, culpando a la operación de varios problemas de salud. Credit...Rory Doyle para The New York Times
‘Es agotador’
“Un infierno”, así es como Gladys Anderson describe la vida desde que una operación de bitcóin empezó sus actividades cerca de Greenbrier en mayo pasado, a menos de 100 metros de su casa.
Ella afirma que las computadoras trabajan casi las 24 horas del día y generan tanto ruido (dado que requieren refrigeración constante mediante ruidosos ventiladores) que su hijo ya no sale a la calle. “Nos mudamos aquí para alejarnos de la gente y del ruido”, explicó.
Su hijo, quien requiere cuidados de tiempo completo porque tiene autismo, también se ha vuelto más inquieto y agresivo. “Es agotador mental, emocional y físicamente”, comentó Anderson.
En julio, ella y unas dos decenas de vecinos presentaron una demanda contra los propietarios, NewRays One, a quienes acusan de causarles diversos problemas de salud, como aumento de la tensión arterial, ansiedad, dificultades para dormir y cambios de humor.
La demanda también da a entender que la mina ha depreciado el valor de las propiedades.
“¿Quién querría comprar una propiedad cerca de un lugar ruidoso?”, escribió en una declaración jurada Rebecca Edwards, una de las residentes. “En resumidas cuentas: nadie”.
Los abogados que representan a NewRays quieren que se desestime el caso; se basan, entre otros argumentos, en la ley sobre el derecho a la minería. Hace poco, el mismo juez de instrucción determinó en otro caso que una ordenanza local que restringía el ruido en una operación relacionada podía considerarse discriminatoria porque violaba la ley estatal.
Un abogado de NewRays rebatió los alegatos de Anderson y los demás residentes y declaró al Times que la empresa esperaba defenderse en los tribunales. En cuanto a la demanda en la operación relacionada, de la que NewRays es socio, el abogado dijo que la mina sería un “vecino responsable” y esperaba encontrar maneras adicionales “para retribuir a la comunidad”.
La mina de bitcóin, a la izquierda, está a menos de 100 metros de la casa de Anderson, arriba a la derecha.Credit...Rory Doyle para The New York Times
Después de que la gobernadora Sarah Huckabee Sanders promulgó la ley en abril y antes de que entrara en vigor en agosto, 49 de los 76 condados del estado promulgaron ordenanzas que limitan los niveles de ruido en los centros de datos, incluidas las operaciones de minería de criptomonedas, según la Asociación de Condados de Arkansas. La legalidad de esas ordenanzas y la incapacidad de los gobiernos locales para regular la industria son el centro de la lucha entre los residentes y los operadores de bitcóin porque algunos funcionarios electos que votaron a favor de la ley estatal ahora se oponen a ella.
“Lo que no se explicó fue la naturaleza de esas minas de criptomonedas y cómo pueden causar un ruido intolerable sin tener en cuenta a los vecinos o la vida silvestre”, dijo en un correo electrónico el representante Jeremiah Moore, un republicano cuyo distrito incluye una operación de bitcóin.
Moore afirmó que a los legisladores se les había dicho de manera falsa que el proyecto de ley de minería protegía una industria que crearía empleos y beneficiaría a las comunidades aledañas. Hace poco, trabajó junto con otros congresistas para redactar una propuesta de prohibición estatal de la minería de criptomoneda a nivel industrial.
El senador republicano Joshua Bryant, que también promueve la legislación a favor de la minería, dijo en una entrevista que la ley buscaba proteger los derechos de propiedad de los mineros de bitcoines y que creía que parte importante del rechazo se debía a un sentimiento de repudio mal encauzado hacia la comunidad china.
Bryant dijo que estaba explorando la posibilidad de una ordenanza estatal sobre el ruido “para abordar los posibles daños a la salud y la seguridad de los ciudadanos del estado” y que “en última instancia, tenemos que seguir averiguando cómo convivir con nuestros vecinos”.
El principal promotor de la ley, Rick McClure, también republicano, no respondió a las solicitudes de comentarios del Times.
Cryptic Farms, una empresa de criptomonedas liderada por Cameron Baker, de Arkansas, fue una de las principales impulsoras de la ley. Baker afirmó que su empresa no anticipaba que “malos actores” pudieran aprovecharse de la ley.
“En realidad, no estaba en nuestro radar que, justo después de aprobada esta ley, alguien fuera a convertirse en el villano perfecto que lo hace todo mal”, dijo en una entrevista.
Tom Harford, un ejecutivo de Cryptic Farms quien dirige el Arkansas Blockchain Council, un grupo de la industria, dijo que lamentaba poner a los residentes en una posición “en la que no tienen recursos” y que “ninguna ley es perfecta”.
Harford dijo que “ayudó a retocar” la ley, pero fue escrita principalmente por Eric Peterson, jefe de política en el Satoshi Action Fund. Peterson declinó hacer comentarios.
“Es una ley Satoshi”, dijo Harford.
De Trump al bitcóin
La historia del Satoshi Action Fund es, cuando menos, poco convencional.
Gunasekara, su cofundadora, ganó notoriedad en 2015 mientras trabajaba para el senador Jim Inhofe, republicano por Oklahoma, llevándole una bola de nieve en el pleno del Senado mientras él argumentaba que el cambio climático era un engaño.
Está casada con un lobista que durante años representó a la industria petrolera (y que también es cofundador del fondo), y ha arremetido contra lo que ella califica como la agenda climática “progre” de la izquierda. El año pasado, la Corte Suprema de Misisipi la descalificó en una elección para una junta reguladora de servicios públicos porque no cumplía los requisitos de residencia.
Antes de lanzar el fondo en 2019, Gunasekara trabajó como asesora sénior de Scott Pruitt, el primer administrador de la Agencia de Protección Ambiental, durante el gobierno de Trump. Después de que ella regresó a la Agencia de Protección Ambiental, en 2020 como jefa de gabinete del sucesor de Pruitt, Andrew Wheeler, el fondo pareció languidecer, cambiando su nombre de Energy 45 Fund a Energy Moms y luego a Alliance for Energy Workers.
Los expertos jurídicos que revisaron las declaraciones de impuestos del grupo durante esos años las describieron como chapuceras y con evidentes contradicciones. El grupo informó al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, que su junta directiva no tenía ningún miembro, pero luego, en el mismo formulario, reportó que había documentado todas las reuniones celebradas por la junta.
A partir de 2021, parecía ser un recipiente vacío a la espera de un propósito. Ese propósito parece haber llegado a través de una llamada telefónica de Pruitt. En un pódcast, Gunasekara dijo que Pruitt sugirió que ambos comenzaran un negocio de venta de contratos de electricidad a los mineros de bitcóin.
No está claro si Gunasekara y su antiguo jefe de la Agencia de Protección Ambiental hicieron negocios; ni ella ni Pruitt respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero casi un año después, Gunasekara, su esposo y Porter rebautizaron la organización sin fines de lucro como Satoshi Action Fund, centrada en bitcóin y operaciones mineras en particular. (Satoshi es el seudónimo asociado al desconocido inventor de bitcóin).
Uno de los propósitos del fondo, dijo Gunasekara durante un discurso en el que presentaba la organización, es contar las “muy buenas historias” que la minería bitcóin tiene que ofrecer, incluyendo el “papel de la revitalización rural”.
El grupo ha celebrado eventos en varios estados y en Washington, incluyendo la entrega de libros sobre bitcóin a los legisladores, y recientemente comenzó una segunda organización sin fines de lucro para publicar artículos científicos sobre los beneficios de la minería bitcóin.
También ha tratado de hacer crecer la base de apoyo de bitcóin más allá de los republicanos conservadores como el senador Ted Cruz de Texas y la senadora Cynthia Lummis de Wyoming, quienes han defendido públicamente a esa industria.
En noviembre, en la North American Blockchain Summit de Fort Worth, Porter entrevistó al senador demócrata por Oregón Ron Wyden sobre los beneficios de las tecnologías de cadena de bloques.
Wyden habló de la promesa de un “dólar digital” y de incluir los historiales médicos en una cadena de bloques, un libro de contabilidad digital que registra las transferencias de criptodivisas. Pero más tarde, en una entrevista con el Times, Wyden dijo que se oponía a los proyectos de ley estatales impulsados por el Satoshi Fund, incluido el de Arkansas, y al proceso de alto consumo energético necesario para la minería de bitcóin.
“Está bastante claro que no soy un gran partidario”, dijo. “Todo lo contrario”.
En Greenbrier, a medida que la demanda se alarga, Anderson dijo que ella y sus vecinos han tenido problemas para pagarle a su abogado. En octubre, la comunidad se reunió para recaudar fondos, pero la recaudación sirvió de muy poco para reducir la deuda. Sin embargo, mientras puedan permitírselo, seguirán luchando contra la mina.
“No quiero que me echen de mi casa”, dijo.
