El Tribunal Supremo ha abierto una causa por terrorismo, entre otros, contra Carles Puigdemont en el marco del caso Tsunami Democràtic, tal y como pedía el juez García Castellón. Los imputados, dice la Sala de lo Penal de Manuel Marchena, deben ser imputados e interrogados: “Es necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento”. El caso queda en manos de la Sala, que designa a Susana Polo como instructora.
El Supremo entiende que se pudieron cometer delitos de detención ilegal en el aeropuerto de El Prat, posible atentado contra la autoridad, falsificaciones “masivas” de billetes de avión para colapsar el aeropuerto y “graves daños patrimoniales” en las calles de Barcelona. Pero también posible terrorismo callejero. “No debe albergarse duda alguna en que los hechos descritos en la exposición razonada podrían ser incardinados en el actual art. 573.1”, artículo del Código Penal que define el terrorismo.
El Supremo justifica, incluso, que no solo ETA o el yihadismo son susceptibles de ser considerados terroristas. “La afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación que solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratados como terrorismo, es incompatible”, dice la Sala de Manuel Marchena. Y no hace falta que el cabecilla de un grupo terrorista esté en primera fila: “Los hombres de atrás”, dice especulando sobre el papel de Puigdemont, también pueden ser “autores inmediatos” del delito de terrorismo que ejecuten otros.
Sobre la participación de Puigdemont, el Supremo explica que el juez García Castellón ya no tenía margen para investigarle como aforado, y que el caso debe quedar en manos de la Sala. “Desde el inicio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado”, dicen los jueces. “Aparece directamente implicado en el lanzamiento de la campaña de Tsunami”, añade. Pudo “evitar” los altercados, “retirando su apoyo carismático”, dice el Supremo, “pero lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”.
Fiscalía: son “meras conjeturas”
El caso llegó al Tribunal Supremo después de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidiera impulsar el caso Tsunami en paralelo a las negociaciones entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez y sacar adelante la ley de amnistía. La investigación de las concentraciones masivas de 2019 organizadas por Tsunami Democràtic para protestar contra la sentencia del procés se centró en una posible acusación por terrorismo en torno a la muerte de un turista durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat. El juez decidió entonces enviar una exposición razonada al Supremo contra Carles Puigdemont.
La primera parada de esa acusación fue la Fiscalía. Después de que el Ministerio Público de la Audiencia Nacional se hubiera posicionado abiertamente en contra de imputar a Puigdemont, el debate se trasladó a la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo. Una mayoría de sus integrantes rechazó la ponencia del fiscal Álvaro Redondo y apostó por pedir la imputación de Puigdemont por terrorismo, aunque la división de los fiscales jefes dejó la decisión final en manos de la teniente fiscal, máxima responsable del Ministerio Público en el Supremo. Su dictamen fue contrario: rechazar las acusaciones de terrorismo contra el expresident catalán.
El escrito de la fiscal María Ángeles Sánchez Conde era contundente contra el criterio del juez García Castellón. Acusó al instructor de pedir la imputación de Puigdemont basándose en “meras conjeturas o sospechas” cuando “no existen indicios” contra el expresident. No descartó la existencia de otro tipo de delitos en esos altercados, hablando de “gravísimos incidentes” y choques con la Policía de “importante gravedad”, pero instó a que la Audiencia Nacional siguiera investigando, aunque no contra el líder de Junts.
El desarrollo de esta acusación de terrorismo contra los líderes políticos del procés en el caso Tsunami también ha sido analizado por las autoridades de Suiza, país donde se encuentra desde 2018 otra de las acusadas por García Castellón: Marta Rovira. El magistrado pidió a las autoridades helvéticas que localizaran a la dirigente de ERC y que, además, aportaran información sobre sus movimientos bancarios entre 2019 y 2020, pero la respuesta llegada desde Berna no fue la que esperaba.
Tal y como sucedió con una petición anterior, las autoridades de Suiza se negaron a facilitar la ubicación de Rovira y exhibieron sus dudas sobre que la investigación de García Castellón tuviera algún tipo de matiz político contra Rovira. También solicitaron información sobre la posible ley de amnistía y cómo podría afectar al caso Tsunami. La respuesta del juez español, que llegó a acusar a Suiza de actuar en este caso bajo criterios políticos, fue aportar el dictamen de los fiscales del Supremo que sí apoyaban su teoría del terrorismo, un documento con valor interno para la Fiscalía pero sin valor procesal.