El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Terry Doughty, dictaminó este martes 4 de julio que la Administración de Joe Biden había ido demasiado lejos al censurar las “opiniones desfavorables” en las redes sociales.
De esa manera, el juez federal prohibió a funcionarios federales y agencias, empleados del Departamento de Justicia y del Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla inglesa), al cirujano general Vivek Murthy, al secretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra, así como a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, comunicarse con los gigantes de las redes sociales por más prácticas de censura.
“Los gigantes tecnológicos —Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft—, especialmente Twitter, pero presumiblemente todos ellos, estaban recibiendo pagos directos en efectivo del gobierno en una asociación para clasificar la validez de la información y la discusión en línea”, dijo a Sputnik el denunciante de Google, Zach Vorhies, cuando se le preguntó por qué las principales empresas de redes sociales cedieron a las demandas de censura de la Casa Blanca.
Agregó que dicha asociación con los gigantes tecnológicos involucró a muchas agencias, pero el peor infractor (según Elon Musk) parece ser el “Centro de compromiso global del Departamento de Estado”.
A decir de Vorhies, durante mucho tiempo el Ejército y los espías estadounidenses han instrumentalizado a las principales redes sociales. Por ejemplo, mencionó que en 2012 el entonces presidente estadounidense Barack Obama firmó la ley de modernización Smith-Mundt, lo que permitió al Gobierno federal “dirigir propaganda” a las audiencias nacionales.
Vorhies también argumentó que los agentes de inteligencia nacional y militar de EEUU interfirieron fuertemente en las elecciones del 2020, al participar en la censura de información condenatoria sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. La infame “computadora portátil del infierno” de Hunter fue minimizada.
“La publicación de los ‘Archivos de Twitter’ a principios de este año expuso parte de la profundidad del control narrativo interno utilizado contra el público estadounidense, con exagentes del FBI contratados en masa que clasificaban qué información era ‘desinformación’”, dijo Vorhies.
Doughty supervisó la demanda presentada por los fiscales generales de Misuri y Luisiana el año pasado. Los dos afirmaron que la presión de la Administración Biden sobre Facebook, Twitter y YouTube podría calificarse como censura y, por lo tanto, sería violatoria de la Primera Enmienda constitucional, que garantiza a los estadounidenses la libertad de discurso, prensa y reunión.
La prensa dominante de EE. UU. ya ha informado que es probable que la Administración Biden apele la decisión del juez federal. Por su parte, los críticos de la decisión argumentan que esto complica la capacidad de la Casa Blanca para regular a las empresas tecnológicas sobre el contenido compartido por sus usuarios.
Con todo, según Vorhies, la Administración de Biden, el Ejército estadounidense y los espías no enfrentarían consecuencias graves por la implementación censura.
“No imagino que el gobierno se enfrente a consecuencias graves debido al gran tamaño de las fuerzas armadas estadounidenses y su presupuesto legal, además del sistema legal, que ha otorgado ‘inmunidad soberana’ a las fuerzas armadas estadounidenses, lo que ha aumentado aún más la barrera para buscar reparación por la desinformación impulsada por los militares”, concluyó el denunciante.
Fuente: Sputnik