Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del expresidente Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del líder de la revolución bolivariana, fueron condenados este miércoles 19 de abril, en Estados Unidos, a 15 años de cárcel, por lavado de dinero. También deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami. Los abogados defensores de la pareja anticiparon que apelarán la condena
La enfermera y tesorera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del líder de la revolución bolivariana fueron condenados este miércoles 19 de abril, en Estados Unidos (EEUU), a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada; cada uno por lavado de dinero.
El juez federal William Dimitrouleas reveló la sentencia de la pareja en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami (EEUU), cuatro meses después de que un jurado la encontró culpable a Díaz Guillén y a su esposo de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020 por haber recibido millones de dólares en sobornos
La Fiscalía había pedido una condena más de 23 años de cárcel para Díaz y de más de 19 para Velásquez. La defensa de Díaz buscaba una condena similar a la que habría recibido en Venezuela, de hasta cuatro años de prisión.
Además, deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
«Estoy de acuerdo con el Gobierno en que los acusados cambiaron drásticamente su vida» de clase media a otra acomodada con múltiples jets privados, yates y lujosos viajes. «Hicieron mucho dinero», dijo Dimitrouleas durante la audiencia que duró una hora.
Esposados y con grilletes
De acuerdo con reportes de la agencia AFP, ambos llegaron a la sala serios, vestidos con uniforme beige de presos y escucharon al juez en completo silencio, con auriculares que les permitían oír la traducción en vivo del inglés al español. Díaz lucía su larga cabellera negra suelta. Su esposo estaba prolijamente peinado y llevaba una barba entrecana. Ninguno de los dos hizo declaraciones, salvo para responder un par de veces al magistrado con un «sí» o «no», cuando les preguntaba si estaban entendiendo o si querían hacer algún comentario.
Estaban esposados y con grilletes y se retiraron de la sala mirando al piso. Sus abogados defensores anticiparon que apelarán la condena.
«Nunca imaginé una sentencia tan alta. Es demasiado», dijo la abogada defensora Marissel Descalzo a periodistas al salir de la audiencia. La letrada le había pedido al juez compasión y que considerara que el matrimonio tiene dos hijos de 14 y 2 años que viven con la abuela paterna en Madrid y a los que no podrán ver durante el tiempo que estén encarcelados.
Al revelar su sentencia, el magistrado dijo que había leído nueve cartas enviadas por familiares y amigos de la pareja.
Previo a la sentencia
En el documento previo a la sentencia, firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EEUU, se exponían las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.
«La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa», dice el documento de 23 páginas.
El caso de la enfermera y el guardaespaldas
Claudia Díaz y Adrián Velásquez fueron personas de confianza del expresidente Chávez —son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del líder de la revolución bolivariana, fallecido en 2013—.
Díaz formó parte del equipo de salud del presidente Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, mientras que Velásquez fue el jefe de seguridad de quien fue jefe de Estado de Venezuela desde 1999 hasta su muerte.
La pareja se estableció en España en 2016, porque eran «perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro», alegaron en su momento. Ambos tienen doble nacionalidad: venezolano-española.
Años más tarde, fueron reclamados por Estados Unidos para responder sobre acusaciones por blanqueo de capitales resultantes de hechos de corrupción en Venezuela relacionados con el sistema de control de cambio. Fueron extraditados al país norteamericano desde España en 2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida, EEUU).
La Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de beneficio como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios de Venezuela.
Los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de «jurisdicción extraterritorial» en este caso.
De acuerdo con la acusación formal, Díaz y su esposo recibieron pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín, empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, buscado por la justicia estadounidense por lavado de dinero.
El gobierno asegura que el rol de la exenfermera fue clave para la trama de negocios corruptos en los que participó Gorrín. Según los fiscales, a cambio de favorecer al empresario Díaz recibió pagos por unos 136 millones de dólares que su esposo ocultaba a través de la creación de compañías fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. Parte de ese dinero llegó a Miami.
Con información de AFP, EFE y VOA