Nicolás Maduro se encuentra acorralado y, aunque no lo parezca, debilitado como nunca antes. La decisión de ir a elecciones parlamentarias este 6 de diciembre, sin brindar ni una concesión a la oposición local ni a la comunidad internacional, no lo fortalece. Por el contrario, confirma el nivel de aislamiento en el que se encuentra. Hoy es solo represión.
Maduro sabe que si las elecciones fueran observadas por organismos internacionales podría confirmarse lo que ya se sospecha: su partido o candidatura llegaría con esfuerzo a un 20 por ciento. Por eso no puede abrir ni un mínimo la válvula de la participación.
En estas últimas semanas, impulsó un cambio en el Consejo Nacional Electoral, se retiró su histórica titular, Tibisay Lucena, y en su lugar designaron a una persona que seguirá cumpliendo con la misión de este organismo en esta época: consagrar fraudes que beneficien al régimen ilegítimo como ocurrió en las últimas elecciones, la Constituyente de 2017 y la que consagró la reelección de Maduro luego, en 2018. Solo recordemos que en la Constituyente de 2017 la propia empresa encargada de llevar a cabo la totalización de los votos denunció fraude y se tuvo que ir del país.
Nombrar todos los abusos institucionales que se han llevado a cabo en los últimos años para eliminar la competitividad electoral podría abrumar y hasta aburrir. Solo conviene aclarar que celebrar elecciones no hace democrático a un país. Corea del Norte lo hace y hasta el Líder Supremo, que gana con el 98% de los votos, permite que se presenten dos o tres partidos políticos satélites, cosa que en Cuba no se da. Allí Raúl Castro se hace elegir con el 99% para integrar la Asamblea Nacional, pero solo se encuentra legalizado un solo partido político: el Comunista. Para que un Estado sea democrático tiene que realizar elecciones con determinados atributos vinculados con la noción de integridad electoral. Venezuela se encamina a realizar otras elecciones sin un mínimo de garantías.
¿Qué garantías básicas debería tener este proceso electoral?
Según el Informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad (2012), para que una elección sea considerada democrática, es necesario construir un Estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, crear organismos electorales profesionales y competentes que puedan actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población, crear instituciones y normas para la competencia multipartidaria, así como un sistema de división del poder que fortalezca la democracia y ofrezca seguridad recíproca a los contrincantes políticos, eliminar las barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales que dificultan la participación política universal e igualitaria y, por último, regular el financiamiento político incontrolado, oculto e indebido.
En las condiciones actuales, Venezuela está muy lejos de esto. El régimen chavista madurista cooptó al árbitro electoral, diseñó elecciones a su medida, desde la delimitación de los distritos electorales, la manipulación de las proyecciones poblacionales, el cambio de las leyes para sobre representarse, hasta la ilegalización de partidos políticos, la inhabilitación de los candidatos de la oposición, el uso indiscriminado de los recursos del Estado para favorecer sus candidaturas y la detención de dirigentes políticos. Y cuando todas estas medidas no funcionaron y a pesar de ellas la oposición consiguió dos terceras partes de la Asamblea Nacional como en la elección de 2015, simplemente resolvieron desconocerla o “paralelizarla” con una ficcional Asamblea Nacional Constituyente.
De cara a un cambio de escenario, la organización Transparencia Electoral ha establecido diez condiciones para garantizar transparencia e integridad en estas posibles elecciones. Estas son:
Elegir nuevas autoridades electorales acorde con lo dispuesto en la Constitución y Leyes Electorales. Facilitar la Inscripción y Actualización en el Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela. Garantizar y facilitar el ejercicio del voto a los venezolanos en el exterior. Habilitar a los partidos políticos que fueron ilegalizados por el CNE y el TSJ y garantizar su participación en igualdad de condiciones. Restablecer los derechos políticos a todos los ciudadanos ilegalmente inhabilitados. Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción e intimidación. Restablecer el número de centros y mesas electorales que se habilitaron para la Elección de la Asamblea Nacional de 2015. Seleccionar oportunamente a los Miembros de Mesas y Juntas Electorales, asegurando que sean independientes, acorde con lo previsto en las leyes electorales. Asegurar la realización de todas las Auditorías al sistema de votación automatizado aplicadas en la elección de la Asamblea Nacional de 2015, con el fin de garantizar la correcta contabilización y el secreto del voto. Garantizar las condiciones para la Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las fases del ciclo electoral.
Las elecciones que se proponen no cumplen ni con un solo punto de estos diez y esto no es casualidad. De cumplirse alguno de ellos quedaría expuesta la fragilidad popular de un régimen que en su primavera fue popular pero que ahora, producto del desmantelamiento del aparato productivo, la inflación y la evaporación de su moneda ha llevado a su país a un crack sin precedentes, con tasas de pobreza que rondan el 80%, con un éxodo masivo inimaginable, y con una represión sin control que entran en la categoría de delitos de lesa humanidad.
En líneas generales, la oposición democrática ha hecho lo humanamente posible ante el avance de este régimen autoritario con pretensión de convertirse en totalitario. Entrar ahora en una discusión acerca de la letra chica de esta reforma electoral distractora que impone el gobierno es un error. En realidad, es una trampa más. ¿Qué sentido tiene discutir la cantidad de diputados o la formula a utilizar para la distribución de escaños sin no hay ni una sola garantía de seguridad sobre la mesa de discusión? La oposición tiene que dejar al desnudo esta estrategia ilegal e ilegítima ante la comunidad internacional democrática que en este último tiempo se ha agrandado. Si llega a diciembre, Maduro puede tener su pequeño triunfo pírrico en las próximas elecciones, aunque esto no lo ayudará mucho ya que su suerte parece echada. En este complejo escenario de presión la unidad del régimen empezará a agrietarse y, en cambio, la oposición democrática tiene una nueva oportunidad para fortalecer su unidad denunciando las fake elecciones y no participando en ellas.
Leandro Querido
El autor es director de Transparencia Electoral