La Corte Suprema de Brasil ordenó este viernes a la red social Twitter suspender las cuentas de políticos, empresarios y personalidades allegadas al presidente del país, Jair Bolsonaro, que son investigados por presunta diseminación de noticias falsas y ataques en las redes contra el máximo tribunal.
La decisión fue del magistrado Alexandre de Moraes, quien envió una orden legal a la red social para sacar del aire los perfiles de siete defensores del líder ultraderechista, entre los cuales figuran el veterano político Roberto Jefferson, presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), y el reconocido empresario Luciano Hang, dueño de la cadena de almacenes Havan.
Asimismo, fueron suspendidas las cuentas de tres empresarios más, un bloguero y un asesor de la asamblea de Sao Paulo.
Al intentar acceder a los perfiles suspendidos aparece un mensaje que dice "Cuenta retenida" y, debajo, una nota explicativa que señala que fue suspendida "tras una orden de la Corte Suprema".
No es la primera vez que el máximo tribunal ordena acciones contra este grupo de seguidores del Bolsonaro.
En mayo, algunos "bolsonaristas" fueron objeto de allanamientos ordenados en el marco de una investigación abierta en 2019 para indagar las amenazas, ofensas y noticias falsas vertidas contra magistrados de la Corte Suprema.
De acuerdo con la cadena televisiva Globo, los abogados de algunos de los implicados apelaron la decisión del magistrado.
Las acciones del Supremo también se han encaminado hacia quienes han financiado manifestaciones antidemocráticas pidiendo acabar con el Congreso y el Supremo.
A mediados de junio y a petición de la Fiscalía, el Supremo ordenó el arresto de algunos militantes acusados de liderar las manifestaciones y la realización de 21 allanamientos a residencias de cinco allegados del presidente Bolsonaro.
Bolsonaro, cuyo Gobierno tiene un marcado acento militar y es un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985), mantiene un pulso con los poderes legislativo y judicial, que han suspendido o matizado algunas de sus más polémicas medidas, como la liberación de armas a la población civil.
