El actor venezolano, Manuel Vicente Sosa Morales, fue condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión, luego de que admitiera su responsabilidad en contrataciones irregulares con la empresa mixta Petropiar S.A.
La acusación de Sosa Morales se ejecutó por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación, previstos en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Luego de que Sosa se acogiera al principio de la delación y además aceptara su responsabilidad en el hecho de corrupción, el Tribunal 37° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictaminó su condena.
El tribunal que ejecutó la pena acordó la medida de arresto domiciliario y, adicionalmente, le impuso el pago de una multa de 40 por ciento del daño patrimonial causado a la empresa Petropiar. También lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público en los próximos cinco años.
De igual manera, se mantienen todas las medidas de bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias del ahora condenado.
La investigación del caso se inició este año ante las denuncias presentadas debido a las irregularidades observadas en el otorgamiento de 10 contratos con sobreprecios aproximados de 27 millones de dólares. Entre dichos contratos están la adquisición de equipos de telecomunicaciones, material para la fabricación de líneas de agua, impresoras, piezas de taladro, bebidas y alimentación, entre otros.
En este sentido, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra Sosa, quien fue detenido el pasado 4 de octubre por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El procedimiento se efectuó en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda.
Ello permitió la detención de cuatro gerentes de Petropiar y adicionalmente, se logró identificar a las personas que realizaban los pagos de comisiones a los funcionarios de la citada empresa mixta.El 28 de noviembre de este año, Sosa, a través del procedimiento de delación, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, puso en conocimiento del Ministerio Público una serie de eventos ocurridos con funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela y empresarios que obtenían contrataciones con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco.
