El
presidente del Gobierno regional de Cataluña, en el nordeste de España,
Carles Puigdemont, dijo hoy a la cadena británica que declarará la
independencia "en cuestión de días".
El político catalán agregó que su gobierno "actuará a finales de esta semana o comienzos de la próxima".
Las autoridades españolas, sin embargo, insisten en que harán todo
lo que esté en sus manos, junto con la justicia, para impedir la
independencia de Cataluña.
Puigdemont, por otra parte, consideró que "sería un error que
cambiaría todo" si el Gobierno español interviniera para tomar el
control del Ejecutivo regional catalán.
El dirigente catalán habló con la BBC momentos antes de que el rey
Felipe VI hiciera una declaración institucional en la que acusó a las
autoridades autonómicas catalanas de haber actuado con una "deslealtad
inadmisible".
El rey de España advirtió de que, ante la situación "de extrema
gravedad" en Cataluña, los "legítimos poderes del Estado" deben asegurar
"el orden constitucional", la vigencia del Estado de derecho y el
autogobierno de esa región, "basado en la Constitución y en su Estatuto
de Autonomía".
Felipe VI calificó el comportamiento del Ejecutivo catalán de
"deslealtad inadmisible" y "conducta irresponsable" y señaló que "de una
manera clara y rotunda, se ha situado totalmente al margen del derecho y
de la democracia".
Por otra parte, Puigdemont describió como "muy decepcionante" la
reacción de la Unión Europea a la actuación de las autoridades
policiales durante el referéndum ilegal del domingo pasado en Cataluña.
El operativo policial ordenado por las autoridades españolas para
impedir la votación en el referéndum, declarado ilegal por el Tribunal
Constitucional, fue muy criticado por el Gobierno catalán y objeto de
masivas marchas en Barcelona, la capital de esa región del nordeste de
España, así como de una huelga general en la región al considerar que
hubo excesos policiales.
Asimismo, el dirigente se mostró en desacuerdo con la declaración
hecha el lunes por la Comisión Europea en la que consideraba que los
sucesos en Cataluña son un asunto interno de España.
Puigdemont, por otra parte, reveló que en la actualidad no hay
contactos entre el gobierno de Rajoy y la Generalitat de Cataluña.
El Gobierno español, por su parte, acusó hoy al Ejecutivo catalán de
alentar el acoso y los actos de "odio" hacia las fuerzas de seguridad
enviadas a Cataluña con motivo de la consulta, y avisó de que dichos
actos "tendrán la correspondiente respuesta jurídica".
Miembros del Ejecutivo regional, con Puigdemont a la cabeza, habían
reclamado la retirada de esas fuerzas enviadas desde distintos puntos de
España.
Interior desplazó a Cataluña en los días previos a la votación
ilegal del pasado domingo a miles de agentes para impedirla y el
ministerio del Interior ha anunciado que permanecerán en la región el
tiempo que sea necesario.
Para esclarecer lo sucedido, la Fiscalía puso la investigación en
manos del servicio especial de Delitos de Odio y Discriminación de
Barcelona, que abrió diligencias por los delitos de amenazas, coacciones
y contra los derechos fundamentales y libertades públicas "cometido por
la pertenencia de los afectados a la nación española".
También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña requirió hoy
información "detallada" sobre al actuación de la Policía al responsable
de coordinar el dispositivo para el referéndum, Diego Pérez de los
Cobos, designado por el ministerio español del Interior.
Todo esto ocurrió en una jornada de paro convocada hoy en Cataluña
por organizaciones sindicales y movimientos secesionistas para protestar
por la actuación policial del domingo, que tuvo un amplio seguimiento
en la administración pública, en la educación, la sanidad y el
transporte público, y poco seguimiento en la industria.
Las autoridades regionales aseguraron que la huelga fue "masiva", aunque sin precisar datos globales. EFE
