El experto independiente de la ONU sobre la
promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de
Zayas, anunció este viernes 29 de septiembre que efectuará en noviembre
una visita oficial a Venezuela en la que "escuchará a ambas partes"
enfrentadas en la crisis política, social y económica que vive el país.
Será el primer relator especial de la ONU en viajar
a Venezuela, que ha rechazado solicitudes de expertos independientes
para visitar el país durante años, recordó De Zayas en un encuentro con
los medios.
"Soy el primero en ir allí en noviembre y voy a escuchar a todas las partes y hablar con todo el mundo", señaló.
Su objetivo es hacerse "su propia visión de la situación" en Venezuela.
De Zayas dijo que ha pedido al Gobierno venezolano
poder visitar el país porque ha recibido mucha información de ambas
partes y que ve "tantas evidencias opuestas que quiero ver por mí mismo
lo que ocurre" sobre el terreno.
"Yo quiero hacer lo mejor posible para ser justo,
equilibrado" en el conflicto que enfrenta a la oposición y el Gobierno
del presidente Nicolás Maduro, dijo De Zayas cuando fue preguntado si ha
sido invitado porque no ha publicado ningún comunicado recientemente
sobre la crisis venezolana.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos (ACNUDH) no tiene acceso a Venezuela desde al menos
2014, pese a haberlo pedido en varias ocasiones.
El pasado día 11, en el marco de su intervención en
la trigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos, el canciller
venezolano, Jorge Arreaza, adelantó que Caracas ha decidido formular
una invitación a tres relatores especiales para visitar Venezuela en los
próximos meses, aunque entonces no dijo cuáles.
Ese anuncio se produjo después de que acusara a la
ACNUDH de agredir y querer desestabilizar a Venezuela al mentir sobre la
represión de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar
entre abril y julio, que según el alto comisionado, Zeid Ra'ad al
Hussein, "puede constituir crímenes contra la humanidad".
En agosto su oficina presentó un informe en el que
detalló el presunto uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones
extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas en el marco de las
manifestaciones, violaciones de derechos supuestamente cometidas sobre
todo por parte de las fuerzas de seguridad.
También denunció detenciones arbitrarias y
desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos
de viviendas particulares, juicios militares contra civiles, ataques
contra periodistas y restricciones a los opositores.
