La
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indicó que
admitió demandas "de elementos de intereses colectivos" en contra de
ocho alcaldes opositores al Gobierno nacional de los estados Miranda y
Mérida. La información la ofreció el magistrado Juan José Mendoza en
declaraciones a los medios de comunicación.
La
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a los
ocho Alcaldes que garanticen la circulación en las vías y despejen los
obstáculos en medio de las protestas que se registran en el país, y
advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.
Mendoza detalló que se admitieron las demandas presuntamente
interpuestas por habitantes de los contra los Alcaldes de los municipios
Baruta, Carrizal, Los Salias, El Hatillo y Chacao, del estado Miranda y
contra los alcaldes de los municipios Alberto Adriani, Libertador y
Campo Elías, del estado Mérida. La decisión afecta a los alcaldes de
Baruta, Gerardo Blyde; Chacao, Ramón Muchacho; El Hatillo, David
Smolansky; Los Salias, Josy Fernández; Carrizal, José Luis Rodríguez;
Libertador, Carlos García; Alberto Adriani (El Vigía), Juan Peña, y
Campo Elías, Omar Lares.
La Sala Constitucional del TSJ acordó amparos cautelares contra los
alcaldes de ocho municipios de los estados Miranda y Mérida a los que
ordenó "impedir la realización de reuniones en vías públicas" y advirtió
que podrían ser destituidos o detenidos si no garantizan el libre
tránsito.
La medida del Supremo se produce en medio de las protestas que
sacuden desde hace 54 días al país, muchas de las cuales han degenerado
en hechos de violencia que dejan al menos 55 muertos y un millar de
heridos, según cifras de la Fiscalía.
Las demandas fueron presentadas ante la presunta infracción de
derechos como el libre tránsito, la seguridad personal, la salud, el
trabajo, la educación, el deporte, la libertad económica y "por
presuntamente permitir que personas de esas localidades coloquen
obstáculos en la vía publica, quemen objetos, entre otros".
En específico, el Supremo les ordenó a los alcaldes "realizar todas
las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos" para "evitar
que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre
tránsito de las personas y vehículos".
Además, que se remuevan los obstáculos y mantengan las vías y las
zonas adyacentes "libres de barricadas, residuos, escombros y de
cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la
vialidad humana", y que se ordene el tránsito de vehículos.
De igual forma que se impidan "reuniones en la vías públicas que
coarten el libre tránsito" y que eviten en esas zonas el consumo de
bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y sicotrópicas.
"Se les ordena (a dichos alcaldes) que desplieguen las acciones
preventivas y de control del delito", puntualizó el magistrado Juan José
Mendoza, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Asimismo, solicitó que promuevan "estrategias y procedimientos" para
"garantizar, asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio
pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley".
El TSJ recordó el "cumplimiento obligatorio de los mandamientos de amparo cautelares" acordados por la Sala Constitucional.
Y advirtió que "en caso contrario" se aplicará la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, que prevé un castigo "con prisión de seis (6) a quince (15) meses".
Y advirtió que "en caso contrario" se aplicará la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, que prevé un castigo "con prisión de seis (6) a quince (15) meses".
El pasado 4 de mayo, el primer vicepresidente del gobernante Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el diputado Diosdado Cabello,
anunció que esta formación acompañaría las denuncias contra varios
alcaldes opositores "por su participación activa en los hechos
delictivos terroristas".
El legislador, uno de los hombres más influyentes del chavismo,
afirmó que estas denuncias serían introducidas ante el Supremo por
habitantes de algunas localidades en las que se han registrado protestas
en las últimas semanas, algunas de las cuales se han tornado violentas.
Cabello recordó entonces que en 2014, cuando en el país se registró
otra ola de protestas antigubernamentales que se saldó con 43 muertos,
dos alcaldes fueron denunciados ante el Supremo por razones similares.
Ambos mandatarios fueron entonces destituidos y apresados.
Por Elianna Rodríguez / Informe21
