La Fiscalía Militar 3ª Nacional abrió una investigación sobre un plan para tomar el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil)
y rescatar al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien
purga condena en esa cárcel por los hechos violentos ocurridos el 12 de
febrero de 2014, según se lee en el expediente CJPM-TM1C-025-17.
El asalto a Ramo Verde que fue abortado por las autoridades, se trató
en una reunión celebrada en un inmueble situado en la 4ª avenida de Los
Palos Grandes, entre 5ª y 6ª transversal, Chacao (Mir), de acuerdo al
informe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
inserto en el mencionado expediente.
Al encuentro asistieron Eduardo Rafael de la Coromoto
Vetencourt de Lima, el coronel (r) Ricardo Antonio Zomacal Longo, el
capitán (Av) Anyelo Julio Heredia Gervacio y el dirigente de Copei
Roberto Enríquez, apunta el expediente. Todos, a excepción de
Enríquez, fueron imputados por instigación a la rebelión, contra la
seguridad de la Fuerza Armada y traición a la patria.
En esa reunión presuntamente se trataron los siguientes puntos:
ataque con explosivos a la planta eléctrica ubicada en Fuerte Tiuna;
planificación de una marcha desde el Este hacia el Oeste de Caracas,
“generando explosiones a su paso en puntos estratégicos, tales como
centros comerciales y sitios de concentración de personas”; captación de
200 funcionarios militares y policiales, quienes intervendrían en estas
acciones y se les estaría cancelando 2.000 dólares a cada uno; generar
cierta cantidad de muertos en la capital.
Además, allí se habló de intervenir en las comunicaciones del país,
“teniendo a su disposición 20 equipos de telefonía satelital para
garantizar su accionar durante las operaciones”. Igualmente se trató en
ese encuentro la intervención del Comando Sur de EEUU, “ingresando al
país con medios aéreos, transportando comida y medicinas, con la
finalidad de generar confianza en el pueblo venezolano”.
Estos hechos serían ejecutados el 11 de marzo de 2017, fecha que fue postergada, señala el informe de la Dgcim.
La Fiscalía Militar identifica como financista de estos planes al ex
agente de la extinta Disip, Eduardo Betancourt, “debido a que aportará
una casa valorada en un millón cien mil dólares, los cuales serán
utilizados para el pago de los funcionarios que actúen apegados a estos
planes desestabilizadores”.
