Hace 11 años, cuando era gobernador del Estado de México, el ahora
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo
policial de 700 elementos de la extinta Policía Federal Preventiva y de 1.815 agentes municipales para replegar a los manifestantes –entre ellos mujeres, niños y ancianos– de la comunidad de San Salvador Atenco.
Las
declaraciones emitidas por el entonces gobernador del Estado de México,
así como de los miembros de su gabinete para descalificar a las
víctimas de los atropellos cometidos durante este acto, fueron
determinantes para evitar que prosperara el litigio de 11 mujeres que denunciaron "tortura sexual".
En entrevista con RT en Español,
Jenaro Villamil, periodista y autor del libro 'La caída del
telepresidente', asegura que "la represión de Atenco es el hecho que
anticipó y acompaña el estilo de gobernar de Peña Nieto y de todo el
grupo mexiquense en el poder". Y agrega: "La investigación internacional
también es un precedente de las otras grandes matanzas y represiones
del actual Gobierno federal. Quizá ese puede ser el camino que tomen casos como Tlatlaya y Ayotzinapa".
Sin embargo, este caso –los agravios efectuados contra las mujeres durante las protestas del 3 y 4 de mayo de 2006–, es merecedor de "medidas administrativas, disciplinarias o penales", insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
quien remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado
mexicano se negara a atender algunas recomendaciones formuladas en
octubre del 2015.
Las conclusiones de la CIDH sobre este caso señalan al actual presidente de México
como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra los
pobladores y activistas de la comunidad de Atenco cuando fue gobernador
del Estado de México, misma responsabilidad que será analizada durante
la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A este respecto, Villamil comentó a RT que
"hay que recordar lo que el mismo presidente de México dijo en la
Universidad Iberoamericana, en la capital del país el pasado 11 de mayo
de 2012, cuando estudiantes le cuestionaron la represión de Atenco. Peña
Nieto asumió que él fue el responsable de dichos actos e, incluso,
aseguró que los volvería a cometer haciendo uso de la fuerza pública",
finalizó.
En el último trimestre de este año, la Organización de
Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de funcionarios
mexicanos por la "denegación de justicia" en los casos de María Patricia
Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández
Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez,
Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres
Linares, Mariana Selvas Gómez y Georgina Edith Rosales Gutiérrez y
Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes en 11 años no han encontrado justicia ni paz en sus vidas.
José Luis Montenegro