¿Será cierto? La pregunta se repite casi
con la misma frecuencia que las denuncias del gobierno del presidente
Nicolás Maduro sobre las fuentes de financiamiento de la oposición
venezolana.
Sin embargo, Maduro no es el precursor.
Antes de él, la alerta fue hecha -y reiterada- por el fallecido
mandatario Hugo Chávez, quien fue víctima de un golpe de Estado en 2002
y, desde entonces, el asedio a su gobierno sólo fue en escalada. Pero,
¿de qué se trata? ¿De dónde provienen los cuantiosos recursos que han
sido destinados a la derecha venezolana, por casi dos décadas, de manera
interrumpida? La respuesta es amplia.
Desde aportes directos del Departamento
de Estado a voceros de la oposición, hasta inyección de divisas a
organizaciones fachada que operan en el país, pasando por los aportes
del empresariado local, sin descuidar el "apoyo" recibido por parte
de partidos políticos y fundaciones en Europa, lo que le ha sobrado a la
derecha han sido ingresos. Casi siempre en moneda extranjera.
Washington, mon amour
La abogada estadounidense Eva Golinger
ha sido una de las voces más citadas para hablar de los recursos que
llegan para la oposición, vía Washington. En 2009, por ejemplo, la
investigadora -apoyada en pesquisas a documentos desclasificados del
Departamento de Estado- cifraba en 6,4 millones de dólares los aportes
del Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) a
los grupos políticos que adversan a la Revolución Bolivariana. Los
números no son descabellados.
En 2014, la justificación presupuestaria
del Congreso norteamericano (página 126) detalló que a Venezuela se
destinaron 5 millones de dólares para "apoyar los esfuerzos políticos de
construcción de competencias", con el propósito de "proteger" el
espacio democrático mediante el financiamiento a la "sociedad civil".
Aunque EE.UU. tiene varios programas de "cooperación" en áreas
como salud, cultura o educación, todos los recursos para el país
suramericano se enviaron a una sola partida: el Fondo de Apoyo Económico
(ESF, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, el cambio de inquilino en
la Casa Blanca amenaza con cortar el flujo de billetes. El presidente
norteamericano, Donald Trump, ha anunciado que hará un recorte de más de
un tercio a los programas de "cooperación" con América Latina, que se
ejecutan a través de instancias como la Usaid (la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional), según 'Foreing Policy'. La
derecha venezolana, que fue financiada el año pasado con 6,5 millones de
dólares, no recibirá ni un centavo. ¿Acaso ese tijeretazo en el
financiamiento, por primera vez en más de 18 años, empuja a la oposición
a actuar con más rapidez para forzar, por una ruta antidemocrática, la
salida de Maduro?
La pieza de las ONG
El poder blando, que encubre la cara
ruda de sus financistas, también tiene su espacio en Venezuela en forma
de ONG. Estos sectores, aparentemente desvinculados del Estado y de los
partidos políticos, se han convertido en la principal fachada para
recibir financiamiento de terceros países, con EE.UU. a la cabeza.
Aunque en 2010 Venezuela sancionó una
ley que impide a organizaciones recibir financiamiento externo para
programas que "puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de
las instituciones de la República", eso no impidió que entre 2013 y
2014 entraran al país más de 14 millones de dólares provenientes de
EE.UU. para financiar a ONG vinculadas a la oposición, justo en el que
período en que recrudecieron las manifestaciones violentas de la derecha
que cobraron la vida de 43 venezolanos. El escenario ahora es similar.
Mientras la derecha recrudece los focos
de violencia callejera con ataques a militantes del chavismo,
destrucción de patrimonio público, incendio a hospitales, acciones
vandálicas, bloqueos a carreteras principales y hasta saqueos en zonas
populares, que han dejado un saldo de 26 muertos y más de 500 heridos,
varias ONG como el Foro Penal -financiada por Freedom House y dirigida
por Gonzalo Himiob- han convocado a una manifestación este sábado en
contra del gobierno del presidente Maduro, a quien, paradójicamente,
responsabilizan de "provocar" ese escenario.
Para el presidente venezolano, el plan
de sus adversarios políticos es diáfano: generar un estado de conmoción
nacional que les permita perpetrar un golpe de Estado con el aval de
EE.UU. y la bendición de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por eso, Caracas anunció su retiro del ente hemisférico esta semana.
Empresarios en guerra
Pero el apoyo que recibe la oposición no
es únicamente internacional. Sus financistas también están en Venezuela
y son, esencialmente, parte del poder fáctico más importante: el
económico. Empresarios, banqueros e inversionistas figuran entre los
patrocinantes preferidos (y subrepticios) de la derecha nacional. Lo que
ha cambiado son sus métodos de colaboración.
Si en 2002 y 2003, durante el golpe de
Estado y sabotaje patronal contra Chávez, los empresarios se unieron a
una estrategia de paralización de sus industrias para presionar la
salida del líder bolivariano, con Maduro han tomado un camino
distinto. Hoy, esos mismos monopolios han optado por "luchar" sin
sacrificar sus jugosos beneficios económicos.
Lorenzo Mendoza, un millonario
venezolano cuya fortuna engrosa las filas de la Revista Forbes, es uno
de ellos. En un audio difundido en octubre de 2015, el empresario
admitió que estaba "en guerra" mientras conversaba con un entrañable
amigo: Ricardo Haussmann, un ex ministro de economía responsable de
implementar el paquetazo neoliberal que condujo al estallido social del
27 de febrero de 1989 en Venezuela, mejor conocido como "El Caracazo".
Frente a ese audio, Maduro llamó
"hipócrita" y "doble cara" a Mendoza por conspirar contra el país
mientras recibía más de 5 mil millones de dólares preferenciales del
Estado para sus negocios en territorio nacional. Sin embargo, el poder
económico global nunca deja solos a los suyos. En marzo de este año, el
dueño de Polar fue galardonado por su "audacia empresarial" en uno de
los círculos más exclusivos de la élite corporativa, que ya intenta
colar su nombre entre los eventuales "presidenciables" de la derecha.
De la misma familia del dueño de
Polar proviene una de las figuras de la ultraderecha venezolana:
Leopoldo López Mendoza, sobrino-nieto de un acaudalado empresario dueño
de contratistas y bancos, que engrosaron sus ingentes fortunas durante
los gobiernos antes de la llegada de Chávez al poder.
Los viajes realizados por Lilian
Tintori, esposa de López, y el intenso lobby político en las más altas
esferas del ámbito internacional para pedir la liberación de su marido,
condenado en Venezuela por su responsabilidad en las acciones
terroristas que propiciaron la muerte de 43 venezolanos, dan cuenta del
poder que ostenta su familia.
Vallas publicitarias con la cara de
López se ven en Caracas, pero también en países como España o Francia.
Algo similar ocurre con la propaganda política de la oposición que
invade las multi-pantallas: en celulares, mientras se navega por
internet, se utilizan las redes sociales o se descarga un juego, el
mensaje de la derecha es casi omnipresente. Y nada es gratis.
Medios bajo sospecha
El financiamiento que recibe la
oposición no es solo con fines político-partidistas. Otro de los flancos
en los que han podido disfrutar de cuantiosas contribuciones es en
lo tocante a medios de comunicación y capacitación para distribución de
contenidos a través de las redes sociales.
Según documentos desclasificados, al
menos entre 2007 y 2009, el Departamento de Estado financió de manera
soterrada a periodistas latinoamericanos en países como Bolivia,
Nicaragua y Venezuela. En la nación caribeña se destinaron unos 700.000
dólares en becas de periodismo y programas vinculados, así como recursos
para reclutar a jóvenes reporteros a través de ONG como Espacio Público
y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).
El resultado salta a la vista. En los
últimos años, pese a la supuesta falta de "libertad de expresión" que
denuncia la oposición, han proliferado los medios digitales en el
contexto venezolano. Así, en un caldo noticioso donde abundan las
noticias falsas, los rumores y la información "sin confirmar", existe
una caja de resonancia mediática que ha contribuido a ofrecer una imagen
única de la coyuntura política, que silencia de manera adrede las voces
del chavismo-gobierno e, incluso, las sataniza.
Políticos off shore
Aunque es difícil determinar el origen
de los fondos, lo que sí es cierto es que a miembros de la oposición
política en Venezuela no les va nada mal, a juzgar por las compañías
constituidas en paraísos fiscales, que fueron reveladas a través de
Panamá Papers.
Figuras como el ex banquero prófugo
Eligio Cedeño, refugiado en EE.UU., tienen un emporio de empresas off
shore; lo mismo ocurre con el ex candidato presidencial (que se midió
contra Chávez en 1998), Henrique Salas Römer, quien posee varias
empresas, una de ellas constituida en 2015 a través de intermediarios en
Suiza.
Los nombres del actual presidente de la
Asamblea Nacional, Julio Borges, así como su compañero de partido -y ex
jefe de campaña presidencial de Henrique Carpiles- Armando Briquet,
también flotaron en la lista de propietarios de empresas, aunque el jefe
de la bancada parlamentaria de derecha negó cualquier vinculación con
el asunto.
Para el periodista y analista político
Freddy Fernández, lo que ha quedado demostrado durante la época de la
Revolución Bolivariana es que "ser oposición en Venezuela es un negocio,
es un gran negocio".
