Durante la audiencia, Zapata, que está detenida desde febrero de
2016, insistió entre sollozos en que era inocente y consideró "injusto e
inhumano" que la Fiscalía reclame para ella 10 años de prisión.
Un
tribunal anticorrupción de Bolivia condenó hoy a Gabriela Zapata,
exnovia del presidente boliviano, Evo Morales, a 10 años de prisión por
seis delitos económicos, entre ellos el de legitimación de ganancias
ilícitas.
El juez principal del tribunal, Iván Perales, dictó la sentencia
esta madrugada, tras más de 18 horas de audiencia y al término de un
juicio oral que comenzó el pasado 17 de marzo.
Zapata fue condenada por los delitos de legitimación de ganancias
ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento
falsificado, contribución y ventajas ilegitimas, y uso indebido de
bienes y servicios públicos.
Durante la audiencia, Zapata, que está detenida desde febrero de
2016, insistió entre sollozos en que era inocente y consideró "injusto e
inhumano" que la Fiscalía reclame para ella 10 años de prisión.
Los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria probaron el delito
de legitimación de ganancias ilícitas "en base a los millonarios
depósitos en las cuentas de Zapata y los pagos en efectivo que realizó
la acusada para comprar bienes inmuebles, autos y empresas, entre otras
propiedades", indicó la Fiscalía en un comunicado.
También establecieron que la acusada se inventó un título de la
Universidad Mayor de San Andrés de La Paz para figurar como abogada con
el propósito de suscribir varios documentos notariales.
Asimismo, según los fiscales, Zapata aparentó varias veces ser
funcionaria de la Unidad de Gestión Social del Gobierno donde tenía
reuniones con empresarios.
La que fuera novia de Morales entre 2005 y 2007 fue acusada por el
propio Gobierno de usar para hacer tratos ilegales esas oficinas del
Ministerio de la Presidencia, que hace muchos años servían como despacho
de la primera dama.
Según el Gobierno, los altos cargos de ese Ministerio nunca se enteraron de que Zapata hacía negociaciones en esas oficinas.
Durante la investigación, los fiscales dijeron que Zapata no pudo
explicar la procedencia de dos millones de dólares en sus cuentas, ya
que la suma no se correspondía con el salario que percibía como gerente
comercial de una filial de la constructora china Camce.
Esa empresa se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.
En principio, la oposición denunció un supuesto tráfico de
influencias vinculado al presidente Morales, pero él siempre ha
rechazado la acusación y el Parlamento, controlado por su partido,
concluyó en una investigación que ese delito no existió.
Además, el juez Perales condenó como cómplices a la exjefa de la
Unidad de Gestión Social Cristina Choque y al exchófer de esa entidad
Jimmy Morales, a penas de cuatro y tres años de prisión,
respectivamente.
A dos años de prisión fueron sentenciados Ricardo Alegría y Carlo
Ramírez, que eran amigos de Zapata y también fingían ser empleados del
Estado para ayudarle en sus negociados con empresarios.
El juez impuso tres años de prisión al abogado Walter Zuelta,
prófugo de la justicia desde mayo de 2016 y que llegó a ser tesorero de
la Federación Boliviana de Fútbol, por sus vínculos en las negociaciones
con Zapata.
Gabrila Zapata está también imputada en otro proceso por trata de
personas a propósito de haber sido parte de un montaje para presentar el
año pasado en un juzgado a un niño como si fuera hijo suyo y del
mandatario, argumentando que nació en 2007.
Sin embargo, la mujer luego se retractó de esas afirmaciones y
afirmó que el supuesto hijo en realidad nunca nació, pese a que muchas
veces había sostenido enfáticamente lo contrario.
EFE///CC
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