El
gobierno venezolano impidió este jueves viajar a Nueva York al líder
opositor Henrique Capriles, quien iba a denunciar ante el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la ONU la "represión" en las
protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejan 43 muertos.
"No
voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado de los
Derechos Humanos, estoy fuera de área de Migración sin pasaporte",
aseguró Capriles por Periscope desde el aeropuerto de Maiquetía, que
sirve a Caracas.
En imágenes que difundió en esa red social, se le ve en una oficina
de Migración del aeropuerto reclamando ante las autoridades y escoltado
por policías. "Se me ha informado que mi pasaporte ha sido anulado",
afirmó.
Capriles tenía previsto reunirse el viernes en Nueva York con el Alto
Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein, a quien, según había dicho más
temprano, le iba a presentar los casos de los "caídos, heridos, presos,
represión".
Zeid reaccionó en un mensaje en Twitter. "Espero que confiscación
pasaporte no sea una medida de represalia porque se iba a reunir conmigo
mañana en ", escribió.
Tras salir del aeropuerto, Capriles se disponía a sumarse a una
marcha de opositores en rechazo a lo que llaman una "brutal represión"
contra las protestas que iniciaron hace siete semanas y que han
terminado en batallas campales entre manifestantes y fuerzas de
seguridad.
"¿Quienes somos? Venezuela ¿Qué queremos? ¡Libertad!", gritan los
manifestantes que marchan desde distintos puntos de la capital. Otras
manifestaciones también se desarrollarán en ciudades del interior.
Las protestas tienen como caldo de cultivo un grave deterioro
económico y social en el país petrolero, con severa escasez de alimentos
y medicinas, la inflación más alta del mundo -que escalaría a 720% este
año según el FMI- y una criminalidad desbordada.
"Esto es resistencia. Sabemos que nos van a reprimir pero tenemos que
salir a protestar, hay gente muriendo de hambre y por falta de
medicinas", declaró a la AFP un músico de 45 años que se identificó como
Napolenrique.
- "¡Asesino Capriles!" -
Aunque la violencia aumenta, con disturbios y saqueos en varios
puntos del país, los opositores intentan llegar al Ministerio del
Interior, en el centro de Caracas, adonde no ha podido arribar ninguna
de las marchas iniciadas el 1 de abril. Las fuerzas de seguridad lo han
impedido con andanadas de bombas lacrimógenas y chorros de agua a
presión.
"Sigue la resistencia: Todos vamos al Ministerio de Interior y
Justicia en rechazo a la opresión del régimen", animó el vicepresidente
del Parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara.
El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la
violencia, mientras que la Fiscalía investiga las muertes, por las
cuales ha señalado a grupos armados no identificados, y ha imputado a
algunos civiles, policías y militares.
La oposición venezolana responsabiliza directamente al ministro
Néstor Reverol, un prominente general acusado de narcotráfico por
Estados Unidos, de liderar la "represión".
El gobierno, por su parte, acusa a la oposición de "terrorismo" y de
apelar a la "insurgencia armada" para derrocarlo, señalando
particularmente al jefe del Parlamento, Julio Borges, y a Capriles.
"Por culpa de las bandas de terroristas de Julio Borges, de Henrique
Capriles. Asesino Capriles, te digo", aseguró el presidente la noche del
miércoles, tras denunciar acciones de violencia que atribuyó a la
oposición.
- "Confrontación entre hermanos" -
Las protestas han derivado en fuertes enfrentamientos entre fuerzas
de seguridad y jóvenes encapuchados que suelen responder a los gases y
chorros con cócteles molotov -con los que ya han incendiado varias
tanquetas- y piedras.
La tensión aumentó luego de que Maduro dispuso el miércoles enviar
2.600 militares al estado Táchira (frontera oeste con Colombia), donde
desde el lunes se registraron saqueos y disturbios. Unos 500 ya habían
llegado a la zona, pero aún no hay fuerte presencia de efectivos en las
calles.
La convocatoria por parte del gobierno de una Asamblea Constituyente
para reformar la Constitución caldeó aún más los ánimos de la oposición,
que acusa a Maduro de buscar con ello evitar elecciones generales para
perpetuarse en el poder.
Unas 700 personas han sido detenidas, de ellas 159 siguen presas por
orden de tribunales militares, según la ONG Foro Penal, lo que ha sido
criticado por grupos de derechos humanos, gobiernos y organismos
internacionales.
"Comienza a vislumbrar la tentación de una confrontación entre
hermanos. Rechazamos la violencia y la represión desproporcionada",
manifestó monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal
Venezolana, a la que el gobierno acusa de actuar como "un partido
político opositor".
La situación ha generado fuerte preocupación internacional. El
Consejo de Seguridad de la ONU abordó el miércoles la crisis, en tanto
los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo harán
el 31 de mayo. AFP
