- El Tribunal Supremo de EE UU falló hoy a favor del Gobierno
de Venezuela y en contra de la empresa estadounidense Helmerich &
Payne, que acusaba al país de haber expropiado de manera ilegal en 2010 once torres de perforación petrolera.
Los jueces del Supremo determinaron hoy que la denuncia de la empresa
Helmerich & Payne no debía haber prosperado en tribunales
inferiores porque no habían demostrado de manera suficiente que se les
había incautado propiedad en violación del derecho internacional y, en
concreto, de la Ley de Inmunidad de Soberanías.
La decisión se produjo por unanimidad por los ocho jueces del
Tribunal Supremo que escucharon los argumentos de las partes el pasado
noviembre, cuando aún no formaba parte de la corte el magistrado Neil
Gorsuch, nombrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que
no participó en el veredicto.
Helmerich & Payne, con sede en Oklahoma (EEUU), operó durante
años en territorio venezolano y tuvo como cliente al Gobierno, pero en
2009 cesó sus operaciones y desmontó los taladros de perforación después
de que el Ejecutivo acumulara con ella una deuda millonaria.
En respuesta a esa acción, el entonces presidente venezolano, Hugo
Chávez, ordenó en junio de 2010 la nacionalización de once torres de
perforación petrolera de Helmerich & Payne, tras denunciar que la
empresa mantenía “ociosos” esos taladros desde hacía “un considerable
tiempo”.
Helmerich & Payne reaccionó demandando tanto al Gobierno
venezolano como a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA),
amparándose en la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras y alegando
que la nacionalización se produjo en contra de la legalidad
internacional.
Las naciones extranjeras normalmente son inmunes a juicios en EE.UU.,
pero la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras contempla
excepciones en caso de que propiedad privada sea incautada.
El proceso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones del Distrito de
Columbia, donde se halla Washington y que en 2015 falló a favor de la
empresa Helmerich & Payne.
Con el fin de frenar el pleito, Venezuela interpuso una demanda ante
el Tribunal Supremo y pidió a sus jueces que definieran, bajo la Ley de
Inmunidad de Soberanías, cuándo un Gobierno extranjero puede ser
demandado en EE.UU. por expropiar propiedades localizadas en su
territorio pero que pertenecían a una compañía estadounidense.
El juez progresista Stephen Breyer, encargado de escribir el
veredicto, determinó que si el Tribunal Supremo permite que los
Gobiernos extranjeros sean demandados con demasiada facilidad, entonces,
existe el riesgo de “crear fricción con otras naciones” y sufrir
“acciones recíprocas” contra Estados Unidos.
En este caso, el Gobierno de EE.UU. apoyó al Ejecutivo venezolano al
argumentar que un fallo contra el país caribeño podría dañar las
relaciones entre los dos países.
Con información de EFE.
