El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió en la madrugada del
sábado que el Tribunal Supremo revise las sentencias que permitían a
esa instancia judicial asumir las competencias del Congreso. El polémico
fallo fue incluso criticado por la fiscal general de la nación y según
la oposición busca darle poderes plenos al gobernante.
En un mensaje transmitido a la nación
en cadena de radio y televisión, el gobernante afirmó que se había
tomado la decisión con el apoyo "unánime del poder ciudadano" y los
restantes miembros del Consejo de Defensa de la Nación.
El Consejo decidió "exhortar al
Tribunal Supremo de Justicia revisar" las sentencias, que provocaron una
avalancha de críticas de sus adversarios locales y gobiernos
extranjeros, "con el propósito de mantener la estabilidad institucional"
del país.
El Consejo de Defensa de la Nación
—presidido por el mandatario e integrado por los titulares de los
poderes públicos, entre otros altos funcionarios— acordó además insistir
en el diálogo como vía de solventar la coyuntura política en Venezuela,
acotó Maduro.
"Hemos avanzado en importantes
acuerdos y soluciones. Se ha acordado por parte de los integrantes del
Consejo de Seguridad de la Nación, y puedo decir que con la lectura de
este comunicado y con la publicación de la aclaratoria respectiva, queda
superada esta controversia demostrando las capacidades de diálogo" de
su gobierno, destacó el gobernante.
El anuncio se produjo pocas horas
antes de grandes protestas organizadas por la oposición contra el
gobierno socialista, impulsadas por el malestar provocado por el fallo.
Maduro convocó a la reunión del
Consejo para calmar el alboroto político, aunque por lo menos un miembro
clave de esa instancia se negó a asistir, en medio de abundantes
críticas de otros gobiernos.
El presidente comparó la condena
internacional de la decisión del Tribunal Supremo —que llevó a algunos
gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores— con un
"linchamiento político".
Alrededor de una docena de
funcionarios estuvieron presentes en la sesión. Entre los ausentes
estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien
anunció que no asistiría a la reunión en el palacio presidencial de
Caracas argumentando que "en Venezuela hubo un golpe de Estado" y en
consecuencia resultaba inaceptable que el presidente pretendiese
"componer la crisis que él creo", montando un circo para tener la
oportunidad de limpiar su imagen.
Borges pidió a la comunidad
internacional que continúe ejerciendo presión diplomática sobre
Venezuela y que los ciudadanos salgan a las calles a protestar el
sábado. A través de un vídeo difundido a través de Twitter, recalcó que
para los venezolanos el "único diálogo posible" para resolver la crisis
es el voto.
En un discurso pronunciado antes,
tarde en la noche del viernes, Maduro comentó que el presidente de la
Asamblea Nacional fue invitado a la reunión, pero no asistió.
El mandatario señaló entonces que era
hora de unirse para defender a Venezuela: "es el llamado que le hago a
estas autoridades del Estado". No quedó claro si la fiscal general Luisa
Ortega Díaz asistió, puesto que en ningún momento apareció durante la
transmisión de las conclusiones del acto.
Horas antes, la fiscal general
expresó preocupación y condenó el dictamen, afirmando que las recientes
decisiones del Tribunal evidencian violaciones a la Constitución.
Asimismo, llamó a reflexionar para que se tomen los "caminos
democráticos" de respeto a la constitución y se rescate la pluralidad.
Su declaración fue sorpresiva porque por años había sido percibida como
una estrecha colaboradora del gobierno socialista.
Las críticas internacionales han ido
en aumento y el viernes el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
pidió formalmente una sesión urgente para analizar la situación.
Paralelamente, la coalición opositora
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una
concentración en una plaza del este de la capital, donde la Asamblea
Nacional realizará una sesión abierta.
La oposición ha dicho que su
estrategia para enfrentar el fallo del tribunal será con movilizaciones
en las calles y gestiones internacionales.
"Hemos entrado en una etapa de
resistencia", dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa
R, Américo De Grazia, e insistió en que la oposición defenderá el
bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015
después 17 años de control oficialista.
En Caracas, decenas de universitarios
al grito de "íLibertad!" se apostaron a las puertas del Tribunal para
rechazar la sentencia contra el Congreso. Guardias con equipos
antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos.
También algunos periodistas resultaron afectados.
La dirigente estudiantil María
Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron
detenidos y otros "fuertemente golpeados".
La Asamblea Nacional convocó para el
martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas, entre
ellos la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la
mayoría opositora.
España se sumó el viernes a las
críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que "si se
rompe la división de poderes se rompe la democracia".
En tanto, la cancillería argentina
informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente
de los cancilleres de los países que integran el Mercosur "ante la grave
situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela". En
diciembre pasado, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron
apartar a Venezuela del bloque por incumplir el plazo que le habían
fijado para adecuarse a las normas, incluidas las relacionadas con la
garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.
Por su parte, el presidente
colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud y consideró
que la democracia venezolana está "claramente vulnerada".
El enfrentamiento entre el
Legislativo y el Poder Judicial venezolanos se inició en diciembre de
2015, luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendiera, por
supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de
ellos opositores.
Luego de casi un año de
confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a
sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en
desacato.
Esta misma semana, la Corte limitó la
inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y
autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto
bueno del Congreso.
