La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy “por mayoría”
una declaración que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración
inconstitucional del orden democrático” y exige al Gobierno de Nicolás
Maduro que restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El texto fue aprobado “por mayoría” (17) de los 21 Estados presentes
en la Sala, ya que solo se abstuvieron cuatro de ellos: República
Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.
El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.
El texto no se sometió a votación, sino que se aprobó “por mayoría”
de los Estados presentes, según declaró el presidente interino del
Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.
En el momento de la presentación y debate de la resolución no
estuvieron presentes Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que abandonaron la
sesión tras denunciar que se trata de una reunión “ilegal” y un “golpe
de Estado institucional” al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió esta mañana.
La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra Maduro,
incorpora la posibilidad de, “en la medida que sea necesario”, emprender
“gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de
la institucionalidad democrática”, “incluyendo la convocatoria de una
reunión a nivel ministerial”.
Fuentes diplomáticas explicaron a Efe que la posibilidad de que los cancilleres se reúnan en la OEA para abordar este tema es algo que se está negociando pero para lo que todavía no hay fecha.
El texto indica que “a pesar de la reciente revisión de algunos
elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional),
es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración
del orden democrático”.
De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a “actuar para
garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales
y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”, según la
versión final del texto aprobado, que leyó en la sesión la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.
En el documento, expresan “su profunda preocupación por la grave
alteración inconstitucional del orden democrático en la República
Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y a la
negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden
democrático”.
Indica además que “las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela
de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí
mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.
Los países se comprometen asimismo a mantenerse dispuestos “a apoyar
las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del
ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco
constitucional de Venezuela”.
El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es “ilegal”.
