El Gobierno de Venezuela comunicó formalmente su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero no será efectiva hasta dentro de dos años, en 2019, según la normativa del organismo.
La representante de Venezuela en la OEA, Carmen Velásquez, fue la
encargada de entregar hoy a la Secretaría General la misiva con la que
su Gobierno denuncia la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948, dando así el paso requerido para pedir la salida del ente.
El Gobierno de Venezuela toma esta decisión sin precedentes después
de que el miércoles se aprobara en la OEA la convocatoria de una reunión
de cancilleres sobre la crisis política del país pese a su oposición
frontal a esa sesión.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles que el presidente, Nicolás Maduro, había dado orden de iniciar el procedimiento de dejar la OEA el jueves, aunque la formalización se aplazó hasta hoy viernes.
El proceso para pedir dejar el ente, algo que ningún Estado había
hecho hasta ahora, comienza con que el Gobierno del país en cuestión
presente una comunicación escrita a la Secretaría General en la que se
anuncie la decisión de denunciar la Carta de la OEA.
“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría
General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en
sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta“, indica el artículo 143 de la Carta de la OEA.
Así, hasta que transcurran esos dos años, Venezuela seguirá siendo
“miembro pleno con todos sus derechos y obligaciones”, explicó el
secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.
Entre esas obligaciones está pagar la deuda pendiente de su cuota
como miembro de la OEA, que hasta diciembre de 2016 ascendió a 8,7
millones de dólares, mientras que este año aún no ha pagado los 1,8 millones que le corresponden en función de criterios socio-económicos.
Pero esas obligaciones no son solo económicas, ya que la Carta de la
OEA estipula que los Estados miembros deben respetar la democracia
representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la
libertad de expresión, precisamente los elementos que se analizarán en
la reunión de cancilleres convocada aún sin fecha.
