Para el próximo martes está prevista una sesión especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para "considerar la situación
en Venezuela". Aunque se desconocen los detalles de la convocatoria, lo
más probable es que en ella aún no se vote si se inicia la aplicación de
la Carta Democrática Interamericana explicaron fuentes.
La Carta, el instrumento jurídico de la OEA para proteger la
democracia en la región, contempla un proceso gradual que va desde las
gestiones diplomáticas hasta, como último recurso, la suspensión de un
Estado.
Lo que se espera el martes es un debate abierto sobre la declaración
de los 14 países publicada el pasado jueves, el informe crítico del
secretario general de la OEA, Luis Almagro, divulgado el 14 de marzo y
la presentación que hará la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en la
reunión del lunes, solicitada por su Gobierno.
Para que se inicie la aplicación de la Carta, como pide Almagro, al
menos 18 países deberían votar a favor de declarar que en Venezuela "hay
una alteración del orden constitucional" que afecta "gravemente su
orden democrático", algo en lo que no coinciden las 18 naciones que han
convocado la sesión del martes.
Entre ellas, cuatro no han suscrito la declaración del calendario
electoral y los políticos presos (Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa
Lucía) y Uruguay, que sí lo ha hecho, mantiene que "hasta ahora no se
han verificado los supuestos necesarios para aplicar la Carta".
"Barbados y Bahamas son posibles afirmativos para aplicar la Carta,
pero no creo que Uruguay y Jamaica voten por ello", indicó hoy a Efe en
Washington Mariano de Alba, abogado venezolano experto en derecho
internacional.
El analista, que sigue de cerca los pasos de la OEA sobre Venezuela,
sí ve factible que haya 18 votos (la mayoría simple de los 35 Estados)
para "aprobar una resolución del Consejo que diga algo muy parecido" a
la del pasado jueves.
"Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la
liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las
decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se
establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones
pospuestas" en Venezuela, indica ese texto.
El documento, firmado entre otros por EEUU, Canadá, México, Colombia,
Brasil y Argentina, señala que "la suspensión de un país miembro, como
se desprende de la propia Carta Democrática, es el último recurso y que
antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un
plazo razonable".
Almagro respaldó el viernes esta declaración pero pidió a los países
ir más allá y dar un ultimátum al presidente Nicolás Maduro: si no
convoca elecciones en un mes, se suspenderá a Venezuela.
Los países firmantes, que son del llamado "grupo de los 15", no han
pedido elecciones anticipadas, sino que se garantice la celebración de
las regionales pospuestas en 2016 y de las presidenciales de 2018.
Para suspender a Venezuela, medida que rechazan la mayoría de los
Estados, habría que llegar hasta el final del proceso gradual que se
inicia con la aplicación de la Carta Democrática.
Tendría que aprobarse con 18 votos que "hay una alteración del orden
constitucional" que afecta "gravemente su orden democrático", algo que
Almagro afirmó ya en su informe del 30 de mayo pasado para invocar la
Carta.
Si ese voto prosperara, habría gestiones diplomáticas y buenos
oficios para intentar convencer al Gobierno venezolano de los cambios
exigidos.
De no avanzar estos, se necesitaría que 24 embajadores (dos tercios
de los 35 países) votaran en un Consejo Permanente la convocatoria de
una Asamblea General extraordinaria de cancilleres.
De nuevo se intentaría la vía diplomática y, de fracasar, sería
necesario otra vez el voto de 24 países para suspender a Venezuela, con
lo que dejaría de participar en sus programas y actividades.
Por el momento, las cuentas diplomáticas están lejos de arrojar esa
cifra, gracias al apoyo del bloque de países del Caribe aliados de
Venezuela y que se han beneficiado durante más de una década de su
petróleo subvencionado a través de Petrocaribe.
A eso se suma el apoyo incondicional a Venezuela de sus socios de la
Alianza Bolivariana, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua.
Todas las fuentes diplomáticas y expertos consultados por Efe
coinciden en que solo Estados Unidos puede convencer a un grupo de
países caribeños para apoyar la sanción más alta de la que dispone la
OEA.
Pero "por el momento" también EEUU, cuyo Gobierno es uno de los más
críticos con Venezuela, prefiere "agotar la vía diplomática".
