Se
dirá que no hay pruebas concluyentes sobre eso, pero tampoco las hay de
la transparencia que deben rodear estos pronunciamientos. Es más,
creemos que el fraude es absolutamente cierto porque los organismos
encargados del contralor de los actos electorales no son independientes,
están integrados por gente notoriamente identificada con el régimen,
que obedecen o son defenestrados.
Si se sigue
actuando con el disfraz de democracia es porque hoy en día, el rótulo de
"democracia" (tras la implosión de los regímenes comunistas de Europa
oriental) es imprescindible como tarjeta de presentación en el mundo, en
los foros internacionales y hasta en las relaciones económicas de los
países. Y no hay nadie que controle el uso de esa palabra, por más que
el régimen que la utilice tenga por ella el más absoluto rechazo y le
provoque urticaria.
Como si fuera poco, ha
incorporado otro elemento a su féretro de libertades: la cárcel para sus
principales opositores por el delito de ser opositores y hablar contra
su gobierno. Denunciar la corrupción y las violaciones de los derechos
humanos para aquellos que piensan distinto, el autoritarismo de su
gestión y el desprecio a los principios republicano-democráticos.
La
justicia del régimen de Maduro está prostituida, es servil y arrastrada
con el poder político. Un grupo de fantoches hace lo que se le ordena
desde el Palacio de Miraflores, antigua sede del gobierno venezolano y
hoy sede de la dictadura. Su último "servicio" fue la ignominiosa
condena a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, al alcalde de
Chacao (el principal municipio de Caracas), Leopoldo López. El "delito"
fue una serie de "pronunciamientos con mensajes subliminales" que había
expresado a través de Twitter, y que habrían desencadenado la protesta
del 12 de febrero de 2014 que terminó en graves incidentes con muertos y
heridos. Junto a López, fueron condenados (con penas menos severas)
tres estudiantes —Christian Holdack, Damián Martin y Ángel González—
detenidos tras la protesta, que denunciaron abusos físicos durante su
aprehensión y en dependencias del Cuerpo de Investigaciones Penales,
donde permanecieron incomunicados por 48 horas (la FEUU en silencio y
sin careta).
Organismos de derechos humanos como
Amnistía Internacional y Human Rights, el Comisionado de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos
han encabezado durísimas críticas contra el régimen de Maduro. No es
para menos, pero en nuestro país, salvo el unánime rechazo y la dura
crítica de la oposición (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido
Independiente), nada. Parece como si para el gobierno no hubiera pasado
nada, ¿o hay algo más?
Sí, hay algo más. Es la
obsecuencia con el régimen venezolano iniciado por Chávez y continuado
por Maduro. Es la presencia en el gobierno de un partido donde las
convicciones democráticas no son unánimes y que en la cúpula (que no es
la Presidencia de la República sino el Plenario del Frente Amplio) a
poco que se rasque se verá que está manejado por aquellos que no creen
en la separación de poderes ni en la democracia ni en los principios
republicanos. Que consideran a Maduro como "uno de los nuestros" y
repiten que sus opositores son "fascistas". Que los derechos humanos no
son universales, sino que solo protegen a sus militantes o compañeros de
causas. Que la justicia está para ampararlos a ellos o sus amigos y no a
todos, incluyendo a quienes piensan distinto. Que son los dueños de los
derechos humanos y los demás son indignos de garantías y respeto. Que
los derechos humanos son funcionales a "los nuestros" y jamás a quienes
los enfrentan. Allí están —y como muestra alcanza y sobra— las
declaraciones del senador Martínez Huelmo del MPP sobre lo que pasa en
Uruguay: "La derecha tiene una posición tomada y está operando contra
el gobierno de Venezuela". Claro: "fascistas" también y sin derechos.
Se
dirá que hay mucho comercio en juego y justo ahora está por concretarse
un buen negocio en el mercado venezolano. Pero negocios son negocios:
se supone que interesan por igual a ambas partes porque a ambas
beneficia. No se hacen por afinidad ideológica o política, sino por
interés. Salvo que quieran comprar nuestra silenciosa complicidad —y
sería repugnante aceptarlo—, no mezclemos las barajas. Si pensamos que
cada vez hay menos democracia en la región, y nosotros estamos dentro de
la región, y los que pueden hablar no hablan cuando deben, después ya
será tarde.
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