En presencia de los familiares de los
presos de conciencia del gobierno de Nicolás Maduro y en ausencia de la
bancada del oficialismo, la mayoría opositora aprobó un acuerdo que pide
a la OEA impulsar un movimiento diplomático hemisférico por la
realización de elecciones en Venezuela.
"Nosotros queremos elecciones, no la
expulsión de Venezuela de la OEA. Quien quiere que Venezuela sea
expulsada es el gobierno. Nosotros queremos que Venezuela se quede en el
sistema interamericano y se someta a sus mecanismos”, dijo el jefe de
la bancada de la MUD, Stalin González (UNT-DC).
Señaló que el bloque opositor no
favorece la aplicación del artículo 21 de la Carta Interamericana que
establece la expulsión de los países que incumplan sus principios, sino
el artículo 20 que indica las gestiones diplomáticas para devolver la
institucionalidad al Estado en cuestión.
Agregó que la bancada llevará a cabo
gestiones ante el Parlatino, el Parlasur y la Unión Interparlamentaria
Mundial, en búsqueda de “aumentar la presión internacional a favor de
que se convoquen elecciones este año en Venezuela", dijo González.
El acuerdo aprobado en plenaria
también brinda el aval de la AN al segundo informe del secretario
general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de los derechos
humanos en Venezuela; ratifica la ruptura del orden constitucional y
pide que, como parte de los buenos oficios, también se incluyan
gestiones para la liberación de los presos políticos, la apertura de un
canal humanitario, el respeto a la AN, la separación de poderes y el
respeto a los derechos humanos.
Para promover la aprobación
intervinieron Luis Florido (VP-Lara) y Julio Borges (PJ-Miranda).
Florido expresó el agradecimiento de la oposición a Luis Almagro por
“haberse echado al hombro” la crisis venezolana y destacó que la Carta
Democrática tiene supremacía constitucional. Borges instó a los países
de la región a que se sumen a la causa de las elecciones libres en
Venezuela.
Al finalizar la discusión hizo acto
de presencia Víctor Clark (PSUV-Falcón), quien solicitó el derecho de
palabra, pero al negarse a firmar la lista de asistencia, no pudo
ejercerlo. Fuera de la sesión, Clark acusó a la AN de “promover el
intervencionismo extranjero” y dijo que su partido solicitará “todo el
peso de la ley” para los diputados que impulsan las acciones de la OEA.
Prórroga negada. La
plenaria improbó ayer la séptima prórroga del estado de excepción
decretada por el Ejecutivo el pasado 13 de marzo. "El decreto está
vigente desde hace un año y en ese lapso aumentó la inflación, cayó la
economía y se disparó la pobreza", dijo José Guerra (Indep-DC).
Mientras, el TSJ dictaminó ayer que dicha prórroga es constitucional,
anuló la decisión de la AN del pasado mes de enero que rechazó la quinta
prórroga y determinó que aun si la AN sale del desacato, todos los
actos adoptados estando en desacato serán nulos.
El gobierno niega visita a la UIM. El
secretario general de la Unión Interparlamentaria Mundial, Martin
Chungong, informó a la directiva de la AN a través de una comunicación,
que el gobierno de Venezuela y el PSUV rechazaron la entrada de la
misión de verificación de la Comisión de Derechos Humanos de los
Diputados al país, adscrita a ese ente. La visita estaba pautada para
esta semana. Chungong informó además que uno de los integrantes de la
misión no ha recibido la visa de parte del gobierno de Venezuela “a
pesar de que fue solicitada con tiempo suficiente”.
Desde 2011 la oposición inició
gestiones para que una misión de la UIM asista a Venezuela para
constatar denuncias de ataques a los diputados venezolanos. Aunque la
denuncia comenzó con la prisión de Biagio Pilieri y de José Montiel, a
pesar de haber sido elegidos, se han sumado nuevos hechos contra los
derechos de los parlamentarios venezolanos: el irregular desafuero de
Richard Mardo y María Aranguren, la destitución de María Corina Machado,
la golpiza contra diputados de la oposición en abril de 2013, el asalto
al Parlamento venezolano en octubre de 2016, la suspensión de los
sueldos de los diputados desde agosto pasado, la inconstitucional
aprehensión de Gilber Caro y la suspensión de los pasaportes a Luis
Florido y Williams Dávila, entre otros hechos.
El incidente más reciente contra las
prerrogativas de los diputados se originó ayer mismo, cuando el bloque
de la MUD denunció la anulación del pasaporte del jefe de la misión
venezolana ante el Parlasur, Eudoro González (Anzoátegui). La medida
viola el Protocolo del Parlamento del Mercosur en su artículo 2.
