Eran un modelo de los gobernadores de México, ejemplo de una nueva generación de políticos.
Ahora dos de ellos son prófugos de la justicia, y un par más está acusado de corrupción y desvío de dinero público durante su gobierno.
Son los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz, Guillermo Padrés, de Sonora, Roberto Borge de Quintana Roo y César Duarte, de Chihuahua.
Es el escándalo político más reciente en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Durante su campaña electoral, en 2012, solía presentarlos como ejemplo de lo que en ese momento se presentaba como “el nuevo” Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cuatro años después, los exmandatarios son una muestra de la crisis política causada por la corrupción en el país, sostienen analistas como Jesús Robles Maloof de la organización civil Propuesta Cívica.
“A la sociedad nos parece inaceptable, pero los incentivos dentro del sistema político mexicano están dados para que esos políticos sean los que lleguen” al poder, le dice a BBC Mundo.
De hecho, además de estos cuatro personajes, en los últimos meses otros más fueron señalados de cometer irregularidades en su gobierno.
Uno de los primeros casos fue el exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina, quien enfrenta una investigación en la fiscalía del local.
Fue acusado de peculado, daño al patrimonio del estado y uso indebido de funciones.
Hasta ahora sólo encara el proceso por este último delito.
Costo compartido
Después que los gobernadores de Veracruz y Sonora se dieron a la fuga, en la Cámara de Diputados, entre analistas políticos y en redes sociales se recuerda el respaldo que les dio Peña Nieto.
Ocurrió el 23 de mayo de 2012 en el programa Tercer Grado de Televisa.
El entonces candidato habló sobre el relevo generacional en el PRI, y puso como ejemplo a algunos gobernadores.
“Son jóvenes o actores de la nueva generación política de la que forman parte el gobernador de Quintana Roo, Beto (Roberto) Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte gobernador de Chihuahua”, dijo.
Todos son parte de una generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación del partido.
Cuatro años después, durante el Foro Impulsando a México, el presidente fue interrogado sobre sus comentarios, sobre todo los relacionados con Javier Duarte.
“No recuerdo ya la alusión, pero seguramente en algún momento la hice”, respondió.
Algunos especialistas afirman que Peña Nieto paga un costo político alto por el escándalo de los gobernadores.
Pero el mandatario no lo ve de esa manera. “El costo político está en todos los partidos”, dijo en una entrevista a la televisión.
“No hay ninguno que pueda afirmar que no ha tenido, lamentablemente para todos, personajes o actores militantes de sus partidos que estén señalados, enfrentando a la justicia”.
Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora prófugo de la justicia, fue postulado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Veracruz, el caso más grave
En realidad la crisis de los gobernadores empezó a gestarse desde hace cuatro años en Veracruz.
El entonces gobernador Javier Duarte fue acusado por partidos de oposición, como el PAN y de la Revolución Democrática (PRD), de aportar recursos públicos a la campaña presidencial de Peña Nieto.
El entonces Instituto Federal Electoral (hoy se llama Instituto Nacional Electoral) no encontró elementos para sustentar los señalamientos.
Pero en 2013 se difundió un video en redes sociales en el que aparece el entonces delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Ranulfo Márquez, organizando el voto en favor del PRI en los comicios de ese año.
El funcionario fue destituido, pero los escándalos en Veracruz no cesaron.
Organizaciones civiles como reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional señalaron que el estado era uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el continente.
Y es que en el gobierno de Duarte 19 periodistas fueron asesinados, y otros ocho permanecen desaparecidos.
A pesar de estos señalamientos el gobernador mantuvo el cargo hasta este año, cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT) empezó una investigación por crear empresas “fantasma” para desviar recursos públicos.
Javier Duarte solicitó licencia el pasado 12 de octubre y desde entonces nada se sabe de él.
La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) solicitó a Interpol que emitiera una ficha roja para localizarlo.
Sonora, la represa que desató el escándalo
En el caso de Sonora el escándalo empezó en febrero de 2015 cuando se publicó que el gobernador Guillermo Padrés había construido, sin permiso, una represa en uno de sus ranchos.
El embalse fue destruido y el mandatario fue multado. Pero luego el SAT empezó una investigación porque aparentemente el gobierno estatal cometió irregularidades en el cobro de impuestos federales.
En septiembre de ese año empezó el nuevo gobierno encabezado por Claudia Pavlovich, y en las primeras semanas denunció que en el estado existía una deuda pública superior a 30.000 millones de pesos, unos US$1.760 millones al tipo de cambio del momento.
Hasta el momento se han concretado 200 denuncias de irregularidades contra el gobierno de Padrés, según la fiscalía de Sonora.
Las más graves son por lavado de dinero y delitos fiscales, aunque existen otras por mal uso de recursos públicos.
En septiembre de este año el exgobernador no pudo obtener un amparo para frenar las pesquisas, y desde ese momento desapareció.
Su abogado Antonio Lozano Gracia ha dicho que la investigación contra su cliente es “política, no jurídica”.
Al exgobernador también lo busca la Interpol, que emitió una ficha roja para localizarlo en 190 países. Lozano Gracia dice que no conocen su paradero.
Todos implicados
En los casos de Chihuahua y Quintana Roo también existen investigaciones del SAT, ydenuncias por mal uso de recursos públicos.
El gobernador del primer estado, César Duarte, asegura que no se marchará de México y que enfrentará las pesquisas.
De Roberto Borge, a quien se señala por dejar una deuda financiera de 19.700 millones de pesos (US$1.000 millones) no se conoce su paradero.
Pero el problema no es sólo encontrarlos, sino cambiar el sistema político que tolera la existencia de estos personajes.
“Se justifican con una serie de recursos y medidas. Los gobernantes desde el más alto al más pequeño justifican al conflicto de intereses como parte de la actividad política”.
El investigador Alberto Olvera, de la Universidad Veracruzana, recuerda que el escenario político cambió después de la transición presidencial de 2000, cuando el PRI perdió el gobierno del país.
El poder se concentró entonces en los mandatarios locales. “Fueron los grandes ganadores de la transición, tuvieron mucho más recursos económicos que antes, mas capacidad política, libertad y espacio para tomar las decisiones que quisieran sin control central”, explica BBC Mundo.
Por eso ahora es complicado esperar una sanción ejemplar, sobre todo contra Javier Duarte.
“Lo van a tratar de castigar de alguna forma pero sólo hasta cierto punto y por ciertos delitos”, asegura.
“El problema del régimen actual es que si castigaran a Duarte en toda la amplitud no habría gobernador que se salvara”, concluye Olvera.
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