El precandidato presidencial republicano de Estados Unidos Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que quiere deportar a todos los inmigrantes ilegales de los Estados Unidos.
Los otros postulantes republicanos dicen que no es posible hacerlo. Durante el último debate entre ellos, John Kasich, gobernador de Ohio, incluso calificó la propuesta de “tontería”.
Y la mayoría de los votantes estadounidenses republicanos no están de acuerdo con Trump: según una encuesta realizada en 2015 por el Centro de Investigaciones Pew, el 56% cree que a los inmigrantes indocumentados se les debería permitir quedarkse si cumplen con determinados requisitos.
Entonces, ¿quién tiene razón?
¿Y qué pasaría si las autoridades estadounidenses trataran de llevar a cabo el audaz plan de Trump?
Una tarea gigantesca
En EE.UU. hay unos 11,3 millones de inmigrantes indocumentados. Detenerlos y deportarlos representaría un enorme reto logístico y financiero para las agencias militares, policiales y de control fronterizo del país.
El empresario devenido político no ha establecido un plazo para su estrategia de deportación en masa, pero un estudio de 2015 del American Action Forum (AAF), un centro de estudios y consultoría de tendencia conservadora, estima que tomaría unos 20 años detectar y enviar a sus países a semejante cantidad de personas.
Usando los autobuses escolares típicos, eso equivale a 650 vehículos llenos cada mes, durante dos décadas, además de operaciones continuas de varias agencias de la policía y otros organismos gubernamentales, con todo el costo que ello supone.
Entonces, ¿cuánto es eso?
Sobre la base de un análisis de 5 millones de personas, el Center for American Progress estima que una deportación masiva de EE.UU. costaría un promedio de US$10.070 por persona. Para 11,3 millones de personas ascendería a US$114.000 millones.
Y esa cantidad sólo cubriría los costos básicos de la operación: detención, procesamiento judicial y deportación. Según la AAF, el gasto total de un programa de deportación masiva de 20 años oscilaría entre US$420.000 y US$620.000 millones.
Pero no hemos terminado todavía; hay que examinar el impacto en la economía. El informe de AAF, publicado a principios de este año, estima que en 2014 los inmigrantes indocumentados representaban un 6,4% de la fuerza laboral del país, unos 11 millones de trabajadores.
El centro pronostica que la deportación de todos los trabajadores podría contraer la economía estadounidense en casi un 6%, o US$1,6 billones, en 2035.
Para no mencionar el enorme potencial de demandas y reclamos de indemnización presentados contra el gobierno.
¿Y la sociedad?
Ese programa de deportación masiva tendría que llevarse a cabo con el apoyo -o consentimiento, al menos tácito– de los estadounidenses, muchos de los cuales han vivido o trabajado, amado y sido amigos de inmigrantes indocumentados durante años.
Según un estudio del Centro Pew de 2013, los inmigrantes indocumentados adultos habían estado en el país un promedio de 13 años al momento de realizarse la investigación.
¿Harían de la vista gorda los estadounidenses comunes y corrientes mientras vecinos, colegas y amigos son detenidos? ¿O esto podría precipitar disturbios civiles de gran escala?
En 2010, Arizona aprobó una ley que le permite a la policía verificar el estatus legal de cualquier persona sospechosa de ser inmigrante ilegal, y 100.000 personas salieron a la calle a protestar.
Y luego está el espinoso tema de cómo luciría todo esto.
En una época en que casi todo el mundo tiene una cámara de video en el bolsillo, ¿podrían realmente los militares acorralar a familias enteras, jóvenes y ancianos, y obligarlos a subir a autobuses y trenes? ¿Tendrían los soldados ametralladoras y perros?
¿Podría el estadounidense promedio digerir esas imágenes, con todos sus ecos y asociaciones históricas?
Otras opciones
La mayoría de los ciudadanos de EE.UU. –especialmente los de origen hispano, los más jóvenes y los demócratas- apoyan un proceso que conduzca a la ciudadanía o la residencia permanente para los inmigrantes indocumentados.
Según los primeros planes presentados por el presidente Barack Obama en 2014, a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados se les permitiría solicitar permisos de trabajo y finalmente residencia permanente.
La mayoría de las personas que podría, acogerse a esta iniciativa son padres indocumentados cuyos hijos nacieron en EE.UU. y por tanto son ciudadanos estadounidenses.
Pero el plan de Obama fue rechazado por el Congreso. Luego, en noviembre, su intento de impulsar las propuestas a través de una acción ejecutiva fue bloqueada por un tribunal federal de apelaciones, lo que dejo la propuesta en la cuerda floja.
Por: Redacción / BBC Mundo
