La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Palma ha condenado a la cantante Ana Torroja
a pagar 1,4 millones de euros a Hacienda y a un año y tres meses de
prisión, que serán sustituidos por una multa de 9.000 euros, en virtud
de un acuerdo de conformidad por el que la excomponente de Mecano
admitió haber defraudado durante los años 2003, 2006 y 2007 un total de
796.410 euros en cuotas del IRPF. La acusada se sentó en el banquillo de
los acusados el pasado 9 de abril, y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
Inicialmente,
los servicios jurídicos del Estado reclamaban para ella tres años y
tres meses de cárcel por seis delitos contra la Hacienda Pública a raíz
del impago del IRPF entre 2001 y 2007 -exceptuado el año 2005-, mientras
que la Fiscalía, por su parte, pedía para ella un año y medio de cárcel
y una multa de más de 462.000 euros por dos delitos fiscales
-circunscribía su calificación a los años 2006 y 2007-. Tal y como
reconoció Torroja, para poder omitir el pago de las cuotas tributarias
utilizó varias sociedades españolas y extranjeras con las que ocultó sus
rentas, todo ello con el único propósito de eludir sus obligaciones
fiscales aparentando residir fuera del territorio español.
Retirada de acusaciones para los abogados
Mientras
tanto, la sentencia recoge la retirada de acusaciones contra el abogado
Gabriel Feliu, socio del Bufete Feliu, gestionado antes de 2003 por
Octavio Fernández de la Reguera. Ambos se encontraban inicialmente
acusados por la Abogacía del Estado. En concreto, los hechos se enmarcan
en la pieza separada Ñ del caso Relámpago, incoado en abril de 2007 y
centrado en la canalización de dinero a través de paraísos fiscales,
blanqueo de capitales y dobles ventas de solares en Cala Llamp, Andratx
(Mallorca). Precisamente, sobre el despacho de abogados Feliu pesan
varias sospechas de estafa investigadas en este procedimiento judicial.
La causa se inició con diversos registros entre los que se encontraba
este bufete, que se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían
unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.
Torroja pidió la nulidad de las pesquisas
Torroja
pidió en su día la nulidad del caso y que asimismo se declarasen nulos
como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como
los pichazos telefónicos realizados en las investigaciones de esta
supuesta trama de evasión fiscal. No obstante, el juez rechazó el
recurso de quien fuese la voz de Mecano.
Las sospechas comenzaron
cuando, durante de la investigación del caso, varios de los clientes de
la asesoría Feliu acabaron como imputados. Todos ellos alegaron en su
descargo que eran residentes fiscales en Inglaterra y que, por tanto, no
tenían obligación de declarar o pagar sus impuestos en España sobre
determinadas operaciones inmobiliarias o financieras o respecto a su
patrimonio.
También Torroja alegó ante Hacienda que no era
residente fiscal en España y al igual que el resto de clientes de la
asesoría señalaba Reino Unido como su residencia. De este modo, la
cantante aparecía como supuesta implicada en abril de 2007, como
administradora única de la empresa Carlitos Way, constituida en 2004 y
cuyas relaciones con el bufete Feliu han centrado las pesquisas de los
investigadores. Después de que la cantante se negase a declarar, el
magistrado acordó para la imputada una fianza civil de 1,8 millones de
euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias de
los delitos fiscales que se le imputaban hasta ese momento.
